El gobierno nacional de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro y con el ministro del Trabajo Antonio Sanguino a la cabeza, decretó este 29 de diciembre el salario mínimo mensual legal vigente para 2026 en 1.750.905 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un ingreso mínimo total de 2.000.000 pesos mensuales. Esta medida, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, se tomó tras la falta de acuerdo en la mesa de concertación entre centrales obreras, que proponían un aumento del 16 por ciento, y empresarios, quienes sugerían solo un 7,21 por ciento. El incremento nominal alcanza el 23,7 por ciento, mientras que el real, descontando la inflación, es del 18,7 por ciento, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las familias según los estándares del salario mínimo vital establecidos por la Organización Internacional del Trabajo.
La decisión llega en un contexto de tensiones entre los sectores involucrados, donde no se logró consenso pese a las negociaciones. Sin embargo, es clave aclarar que este decreto no obliga a los empleadores a ajustar todos los salarios de manera automática, ya que, conforme a los artículos 145 y 148 de la Constitución Política, el salario mínimo actúa como piso obligatorio solo para quienes devengan ese monto o inferior. La Corte Suprema de Justicia ha ratificado que no existe indexación automática para sueldos generales, y hay excepciones claras: no aplica a salarios superiores al mínimo, a los salarios integrales regulados en el artículo 132 de la Constitución, ni a contratos con cláusulas específicas o de prestación de servicios según el artículo 23. El incumplimiento de estas normas conlleva sanciones establecidas en la Ley 1610 de 2013, a cargo del Ministerio del Trabajo.
Reacciones oficiales y su impacto en las familias
El presidente Petro celebró la medida destacando su beneficio más allá del trabajador individual, mientras el ministro Sanguino la calificó como un avance significativo en la protección laboral. Este decreto busca fortalecer la dignidad de los trabajadores en un país donde el debate sobre la obligatoriedad de los ajustes salariales sigue vigente, especialmente en medio de presiones económicas y sociales que demandan un piso más sólido para el sustento familiar.
«Gana más la familia, no solo el trabajador»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Con este anuncio, el gobierno cierra el año marcando un rumbo claro para la política laboral en 2026, aunque deja abiertas las discusiones sobre cómo este aumento se traducirá en la realidad de millones de hogares colombianos, particularmente en regiones como Caldas donde el empleo formal enfrenta desafíos propios.
