El gobierno nacional de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro y con el ministro del Trabajo Antonio Sanguino a la cabeza, decretó este 29 de diciembre el salario mínimo mensual legal vigente para 2026 en 1.750.905 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un ingreso mínimo total de 2.000.000 pesos mensuales. Esta medida, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, se tomó ante la falta de acuerdo en la mesa de concertación, donde los empresarios proponían un aumento del 7,21% y las centrales obreras exigían el 16%.
El incremento representa un 23,7% nominal, equivalente a un 18,7% real al descontar la inflación, y se basa en el salario mínimo vital recomendado por la Organización Internacional del Trabajo para cubrir las necesidades básicas de las familias. Sin embargo, la ley no obliga a los empleadores a ajustar todos los salarios, limitándose el mandato a quienes devengan el mínimo o menos, conforme a los artículos 145 y 148 de la Constitución Política.
Limitaciones legales y excepciones al decreto
La norma no exige aumentos en salarios superiores al salario mínimo legal mensual vigente, ni en el salario integral regulado por el artículo 132 de la Constitución, ni en contratos con cláusulas específicas de ajuste, ni en contratos de prestación de servicios según el artículo 23 constitucional. Esta delimitación ha sido respaldada por pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que no permite la indexación automática de salarios por encima del mínimo. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado por el Ministerio del Trabajo, de acuerdo con la Ley 1610 de 2013.
«Gana más la familia, no solo el trabajador»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Esta decisión busca fortalecer la dignidad laboral en un contexto de polarización entre sectores económicos, asegurando un piso irrenunciable para los trabajadores más vulnerables mientras respeta las dinámicas contractuales existentes en el país.
