La Contraloría General de la República ha advertido que las intervenciones estatales a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) realizadas entre 2019 y 2024 no han logrado estabilizar el sistema de salud colombiano, sino que han incrementado el riesgo de una crisis inminente para millones de usuarios en todo el país. Este análisis, basado en indicadores financieros y operativos junto con un modelo econométrico, revela problemas estructurales profundos en la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de estas entidades, según un informe reciente divulgado y conocido a través de Revista Semana.
Entre las cifras más alarmantes destaca que el 75 por ciento de las entidades intervenidas presenta un desempeño calificado como medio-bajo, afectando directamente a 29 millones de personas, equivalente al 58 por ciento de la población asegurada que depende de EPS con serias dificultades. La probabilidad de una crisis en el sistema ha escalado del 30 por ciento en 2019 al 49,5 por ciento en 2024, con proyecciones que alcanzan el 60,4 por ciento para 2026. Además, las deudas de las EPS con la red de salud ascienden a 9,3 billones de pesos, mientras que la recuperación de cuentas por cobrar de entidades liquidadas apenas llega al 6,07 por ciento, y las deudas pendientes de la red pública hospitalaria suman 770 mil millones de pesos. En algunos procesos de liquidación, los gastos administrativos superan el 50 por ciento de los recursos disponibles, lo que cuestiona la efectividad de las herramientas de intervención y liquidación implementadas desde 2019 para un control oficial.
Riesgos crecientes para usuarios y proveedores
El impacto de estas fallas se extiende a usuarios, hospitales, clínicas y el suministro de medicamentos, evidenciado recientemente por la suspensión de servicios de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS en enero de 2026. Las deudas acumulada limitan el flujo de recursos hacia los hospitales y merman la capacidad operativa del sistema, exacerbando un deterioro que persiste pese a los mecanismos de control estatales.
“La suspensión de servicios de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS no sorprende a quienes hemos estado advirtiendo sobre el deterioro del sistema. Lo que preocupa es que esto es solo el principio”
Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo
En respuesta a esta situación, la Asociación de Fabricantes de Medicamentos Generales, Biosimilares y Genéricos de Colombia (Afidro) ha instado al Gobierno a adoptar soluciones financieras urgentes y a revisar el modelo de la Unidad de Pago por Capitación, subrayando la necesidad de acciones inmediatas para evitar un colapso mayor en el sistema de salud nacional.
