La Contraloría General de la República ha advertido que las intervenciones estatales realizadas a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) entre 2019 y 2024 no han logrado estabilizar el sistema de salud colombiano, dejando en riesgo una crisis creciente que afecta a 29 millones de usuarios, equivalentes al 58 por ciento de la población asegurada. Este análisis, basado en indicadores financieros, operativos y un modelo econométrico, revela que los problemas estructurales del sector no han sido corregidos, según un informe reciente conocido por la Revista Semana.
Entre las cifras más alarmantes destaca que el 75 por ciento de las entidades intervenidas presenta un desempeño calificado como medio-bajo. La probabilidad de una crisis en el sistema ha escalado del 30 por ciento en 2019 al 49,5 por ciento en 2024, con proyecciones que alcanzan el 60,4 por ciento para 2026. Además, las deudas de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) con la red de salud ascienden a 9,3 billones de pesos, mientras que en los procesos de liquidación los gastos administrativos superan el 50 por ciento de los recursos disponibles. Solo se ha logrado recuperar el 6,07 por ciento de las cuentas por cobrar de entidades liquidadas, y persisten deudas pendientes con la red pública hospitalaria por 770 mil millones de pesos.
Riesgos para la continuidad de servicios
Estas intervenciones estatales, iniciadas desde 2019, no han generado mejoras sustanciales en la sostenibilidad financiera y operativa del sistema, lo que genera presiones sobre la continuidad de servicios, el suministro de medicamentos y tratamientos, así como sobre hospitales y clínicas. Un ejemplo reciente es la suspensión prevista del gestor farmacéutico para la Nueva EPS en enero de 2026, un hecho que ilustra el deterioro progresivo del sector.
“La suspensión de servicios de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS no sorprende a quienes hemos estado advirtiendo sobre el deterioro del sistema. Lo que preocupa es que esto es solo el principio”
Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo
Frente a esta situación, la Asociación Farmacéutica Industrial (Afidro) ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para implementar soluciones financieras inmediatas, revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y garantizar transiciones ordenadas que eviten mayores perjuicios a los usuarios del sistema de salud en Colombia.
