El gobierno nacional de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro y con el ministro del Trabajo Antonio Sanguino a la cabeza, decretó este 29 de diciembre el salario mínimo mensual para 2026 en 1.750.905 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un ingreso mínimo legal total aproximado de 2.000.000 pesos. Esta medida, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, surge tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las centrales obreras y los empresarios, y se basa en el concepto de salario mínimo vital establecido por la Organización Internacional del Trabajo para cubrir las necesidades básicas de las familias. El incremento representa un 23,7 por ciento respecto al año anterior, superando la propuesta del 16 por ciento de los sindicatos y el 7,21 por ciento de los empresarios, y deja un aumento real del 18,7 por ciento al descontar la inflación.
La decisión del Ejecutivo resalta la ausencia de consenso en la mesa de concertación, donde las centrales obreras y los representantes del sector empresarial no lograron ponerse de acuerdo, obligando al gobierno a intervenir mediante decreto. Sin embargo, la ley no impone de manera automática la actualización de todos los salarios en el país, delimitando las obligaciones según el Código Sustantivo del Trabajo, específicamente los artículos 145 y 148, que establecen el salario mínimo como un piso irrenunciable únicamente para quienes devengan ese monto o menos.
Alcance limitado del ajuste y excepciones legales
El debate sobre la aplicación automática del incremento ha sido clave, con la Corte Suprema de Justicia aclarando que no existe indexación general para todos los salarios. Así, no están obligados a aumentar los sueldos superiores al mínimo, los salarios integrales regulados por el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, los contratos con cláusulas específicas de ajuste o los contratos de prestación de servicios contemplados en el artículo 23. El Ministerio del Trabajo supervisará el cumplimiento mediante sanciones, como las multas previstas en la Ley 1610 de 2013, para garantizar el respeto al piso laboral en los casos aplicables.
«Gana más la familia, no solo el trabajador»
Gustavo Petro, Presidente de Colombia
«un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias»
Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo
Esta medida busca fortalecer la dignidad laboral en un contexto de tensiones entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores, posicionando el salario mínimo como herramienta esencial para el bienestar familiar, aunque su impacto se circunscriba a los niveles más bajos de ingresos en el mercado laboral colombiano.
