La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas implicadas en una presunta red de corrupción que manipulaba procesos judiciales relacionados con lavado de activos, entre los que se encuentran el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, de la Dijin de la Policía Nacional, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, también de la Dijin, el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, igualmente de la Dijin, así como Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y los exfuncionarios de Policía Nacional e Inpec, Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez. Estas detenciones se llevaron a cabo en un operativo simultáneo en Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta, desmantelando un entramado que exigía pagos millonarios para influir en decisiones judiciales, eliminar pruebas, presionar a testigos e intimidar a investigadores.
Los hechos investigados ocurrieron en los años 2014, 2015, 2024 y 2025, con reuniones clave en Bogotá y Villavicencio en Meta. El Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, conformado por la Seccional Bogotá y la Dirección Especializada contra la Corrupción, ejecutó las capturas tras recopilar pruebas de cómo esta organización infiltrada en instituciones como Policía Nacional, CTI, Sijin e Inpec cobraba sumas entre 400 y 1.000 millones de pesos para impedir medidas cautelares, procesos de extinción de dominio, órdenes de captura y otras acciones judiciales en contra de un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos por lavado de activos, así como de sus familiares, quienes eran las principales víctimas de esta red.
Delitos graves y próximas diligencias judiciales
Los detenidos fueron puestos a disposición de un juez para las audiencias de imputación de cargos por delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas informáticos, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario. La investigación reveló prácticas como la eliminación sistemática de pruebas, el constreñimiento de testigos y amenazas directas a un investigador, lo que evidencia la profundidad de la corrupción dentro de estas entidades. La Fiscalía no descarta que existan más vinculados en esta red, por lo que continúa la recolección de pruebas para fortalecer el proceso.
Este caso expone una vez más las vulnerabilidades en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Colombia, donde funcionarios públicos abusaron de su posición para proteger intereses ilícitos a cambio de enormes sumas de dinero, dejando en evidencia la necesidad de mayor control y depuración en estos cuerpos.
