La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas implicadas en una presunta red de corrupción que manipulaba procesos judiciales relacionados con lavado de activos a cambio de millonarias sumas de dinero. Entre los detenidos figuran el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, así como el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, todos de la Dijín de la Policía Nacional; Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, del CTI; y los exfuncionarios Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez, vinculados previamente a la Policía Nacional e Inpec. Estas capturas se realizaron en el marco de un operativo liderado por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, desmantelando una organización infiltrada en instituciones clave como la Policía Nacional, el CTI, la Sijín y el Inpec.
Los hechos investigados ocurrieron en los años 2014, 2015, 2024 y 2025, con capturas efectuadas en Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta, mientras que las reuniones clave de la red se llevaron a cabo en Bogotá y Villavicencio en Meta. La red exigía pagos que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos para influir en procesos judiciales, eliminar elementos probatorios, presionar a testigos para que entregaran datos falsos, intimidar a investigadores y evitar medidas cautelares como la extinción de dominio o las órdenes de captura, todo en beneficio de un ciudadano condenado en Estados Unidos por lavado de activos y sus familiares.
Delitos graves y acciones de la red criminal
Los detenidos serán imputados por delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas informáticos, amenazas a servidores públicos y abuso de autoridad por actos arbitrarios. La investigación reveló cómo esta estructura manipulaba casos de lavado de activos desde adentro de las instituciones, constreñendo testigos e intimidando incluso al investigador principal, lo que evidencia una corrupción profunda en el sistema judicial y policial.
Actualmente, los capturados están a disposición de un juez para las formalizaciones de cargos, y la Fiscalía no descarta que existan más personas vinculadas a esta red. Este operativo representa un duro golpe contra la corrupción institucional en Colombia, reafirmando el compromiso de desarticular redes que socavan la administración de justicia en casos de alto impacto económico y criminal.
