La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas implicadas en un entramado de corrupción que manipulaba procesos judiciales relacionados con lavado de activos, entre ellas cuatro funcionarios activos de la Policía Nacional, dos investigadores del CTI y tres particulares con antecedentes como exfuncionarios de esa institución y del Inpec. Los detenidos incluyen al capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, así como el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, todos adscritos a la Dijín de la Policía; Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, del Cuerpo Técnico de Investigación; y Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez, exfuncionarios de Policía e Inpec. Este operativo, llevado a cabo por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, con apoyo de la Seccional Bogotá y la Dirección Especializada contra la Corrupción, se ejecutó en municipios como Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta, tras documentar cobros millonarios que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos.
Los hechos investigados se remontan a 2014 y 2015, con nuevos episodios en 2024 y 2025, donde los capturados presuntamente eliminaban pruebas, constreñían testigos e intimidaban incluso a investigadores para impedir medidas cautelares, extinciones de dominio y órdenes de captura en casos de lavado de activos vinculados a un ciudadano condenado en Estados Unidos y sus familiares. Reuniones clave para coordinar estas acciones ilícitas ocurrieron en Bogotá y Villavicencio, en Meta, revelando una red infiltrada en instituciones como Policía Nacional, CTI, Sijín e Inpec que ponía en riesgo la transparencia judicial e institucional.
Delitos graves y evidencia contundente
La investigación desmanteló esta estructura delictiva mediante pruebas irrefutables de eliminación de evidencia, presiones a testigos y abuso de sistemas informáticos, lo que llevó a las capturas recientes. Los imputados enfrentarán cargos por concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas informáticos, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario. Todos los detenidos fueron puestos a disposición judicial para las audiencias de imputación y la recolección de más elementos probatorios, en un proceso que evidencia los riesgos persistentes para la integridad de las instituciones y no descarta la vinculación de más personas en esta red de corrupción.
Este caso subraya la necesidad de fortalecer los controles internos en entidades clave de la justicia y seguridad, recordando que la lucha contra la corrupción institucional sigue siendo un desafío prioritario para garantizar la confianza ciudadana en el sistema penal colombiano.
