La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas, entre ellas cuatro policías de la Dijín de la Policía Nacional, dos funcionarios del CTI y tres exfuncionarios vinculados a la Policía Nacional e Inpec, por su presunta participación en la manipulación de procesos judiciales relacionados con lavado de activos a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos. Los detenidos incluyen al capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, así como al patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, de la Dijín; Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, del CTI; y los exfuncionarios Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez. Estas capturas se llevaron a cabo en un operativo liderado por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía en Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta, tras documentar los hechos entre 2014, 2015, 2024 y 2025.
Los implicados habrían cobrado dinero a un ciudadano condenado en Estados Unidos por lavado de activos y a sus familiares, con el fin de influir en los procesos judiciales, eliminar elementos probatorios, presionar a testigos para que entregaran datos falsos, intimidar al investigador líder y evitar medidas cautelares, la extinción de dominio y órdenes de captura. Las reuniones clave para coordinar estas acciones ilícitas ocurrieron en Bogotá y Villavicencio en Meta, evidenciando una red de corrupción que infiltró instituciones como la Policía Nacional, el CTI, la Sijín y el Inpec.
Delitos graves y acciones concretas
Los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas informáticos, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario. Entre sus acciones específicas se destacan la eliminación de pruebas materiales, la constricción de testigos y la intimidación directa al investigador principal del caso. Todos los detenidos quedaron a disposición judicial, y los fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción están preparados para formular las imputaciones en las próximas audiencias.
Esta investigación desmantela una peligrosa red que ponía en riesgo la transparencia institucional y pone de manifiesto la vulnerabilidad de las entidades encargadas de la justicia en Colombia. Las autoridades no descartan que existan más personas vinculadas, lo que podría ampliar el alcance de las pesquisas y fortalecer los esfuerzos por erradicar la corrupción en el sistema judicial.
