La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas involucradas en un entramado de corrupción que manipulaba procesos judiciales por lavado de activos a cambio de sumas millonarias, entre ellas cuatro funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la Dijin, dos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tres particulares. Entre los detenidos figuran el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, así como el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, todos de la Dijin; Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo del CTI; además de Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez, exfuncionarios de Policía Nacional e Inpec. Las capturas se realizaron en Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta, como resultado de un operativo liderado por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía.
Los hechos, documentados entre 2014, 2015, 2024 y 2025, revelan cómo esta red infiltrada exigía pagos que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos para influir en casos de lavado de activos, eliminar elementos probatorios, presionar a testigos para que entregaran datos falsos, intimidar al investigador líder y obstaculizar acciones judiciales contra un ciudadano condenado en Estados Unidos y sus familiares. Específicamente, buscaban impedir medidas cautelares de extinción de dominio, evitar capturas y bloquear procesos en su contra, con reuniones clave en Bogotá y Villavicencio en Meta.
Una red de corrupción en el corazón de la justicia y la seguridad
La investigación, coordinada por la Fiscalía General de la Nación, expuso la profunda infiltración de esta red en organismos como la Policía, el CTI, la Sijin y el Inpec. Los capturados serán puestos a disposición judicial para las respectivas imputaciones por delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas informáticos, amenazas a servidores públicos y abuso de autoridad por actos arbitrarios. Autoridades no descartan que existan más vinculados en esta estructura delictiva.
Este caso pone en evidencia las grietas en las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia en Colombia, donde funcionarios de alto nivel se prestaron para proteger intereses ilícitos a cambio de dinero. La operación no solo desmantela el esquema, sino que envía un mensaje claro contra la corrupción que permea estos entes, según fuentes de la Fiscalía General de la Nación.
