La Contraloría General de Antioquia ha formulado cargos por presunto detrimento patrimonial contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, relacionado con fallas en un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño, ejecutado durante su período como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. La decisión también alcanza a Rodrigo Hernández, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, exgerentes de Indeportes Antioquia, siete exfuncionarios de esa entidad, las empresas Ingecon e IDC, así como a una aseguradora internacional, por debilidades en la planeación, etapa precontractual y ejecución del proyecto, que no se finalizó pese a los contratos suscritos.
El proyecto, promovido inicialmente por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) como una intervención regional en municipios como Rionegro y Marinilla, tenía una inversión proyectada cercana a los 25.000 millones de pesos. Se trató de un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia, de los cuales se desembolsaron 26.186 millones directamente a Ingecon e IDC. Sin embargo, las obras no cumplieron su objeto ni su finalidad actual, lo que generó irregularidades identificadas por la Contraloría hace más de cinco años, advertidas inicialmente por veedurías ciudadanas.
Reacciones y contexto de las irregularidades
Estas observaciones se suman a una investigación paralela por irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata de Policía en Rionegro, con un costo de 1.270 millones de pesos. La Contraloría General de la República ha asumido el poder preferente en el proceso, remitiendo copias a la Fiscalía General de la Nación por posibles implicaciones penales. Las veedurías ciudadanas han insistido en la necesidad de agilizar estos casos para evitar demoras excesivas.
“Había que comprar algunas franjas de terreno, muchas franjas de terreno, cuando fueron a hacer las negociaciones algunos cedieron, algunos vendieron, que están reclamando entre otras cosas que les paguen los daños y perjuicios porque durante muchos años no los han podido realizar”
Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park
“Esperamos que la Contraloría General de la República, quien nos informan, ejerce el poder preferente en este proceso, pues termine haciendo justicia y lo más pronto posible. No puede ser que estos procesos terminen demorándose, como en el Central Park, cinco o seis años, casi a punto de prescribir”
Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park
Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón rechazó los cargos, calificándolos de tener un tinte político y realizados a última hora por la contralora saliente, quien supuestamente se extralimitó en sus funciones tras serle negada la creación de cerca de 200 cargos. Rendón anunció que se ha solicitado la nulidad del proceso y destacó que los puntos críticos de las ciclorrutas están siendo contratados por su actual administración.
“Es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones. Por esta razón, en este proceso se ha solicitado la nulidad. Los puntos críticos de las ciclorutas están contratadas por esta administración. La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
Este caso pone en el ojo público la gestión de proyectos de infraestructura en Antioquia, donde veedurías y entidades de control buscan esclarecer el uso de recursos públicos en iniciativas que prometían mejorar la movilidad regional pero quedaron inconclusas.
