La Contraloría General de la República ha emitido un informe de evaluación sobre las intervenciones estatales a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) realizadas entre 2019 y 2024, concluyendo que estas medidas no han logrado estabilizar el sistema de salud colombiano y han incrementado el riesgo sistémico para 29 millones de usuarios, que representan el 58 por ciento de la población asegurada. El análisis, basado en indicadores financieros, operativos y un modelo econométrico, revela problemas estructurales profundos en la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa del sector, con el informe conocido recientemente a través de la Revista Semana.
Entre los hallazgos más preocupantes, el 75 por ciento de las entidades intervenidas presenta un desempeño calificado como medio-bajo, mientras que las deudas de las Entidades Aseguradoras en Salud Prestadoras del Bundle (EAPB) hacia la red de salud ascienden a 9,3 billones de pesos. Además, en los procesos de liquidación, los gastos administrativos superan el 50 por ciento de los recursos disponibles, la recuperación de cuentas por cobrar de entidades liquidadas apenas alcanza el 6,07 por ciento y persisten compromisos pendientes de la red pública hospitalaria por 770 mil millones de pesos. El riesgo sistémico, que era del 30 por ciento en 2019, ha escalado al 49,5 por ciento en 2024 y se proyecta en un alarmante 60,4 por ciento para 2026.
Cifras que evidencian el colapso inminente
Estas intervenciones estatales no han corregido las fallas estructurales en el aseguramiento, lo que genera una presión creciente sobre los hospitales, interrupciones en la entrega de medicamentos y tratamientos especializados, así como el retiro de actores clave en la cadena farmacéutica. Un ejemplo reciente es la suspensión de servicios de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS, programada para enero de 2026. Ante esta situación, Afidro ha instado al Gobierno a adoptar soluciones financieras urgentes y a revisar la Unidad de Pago por Capitación, cuestionando la eficacia de los mecanismos de control en las intervenciones y liquidaciones debido a la baja recuperación de recursos.
«La suspensión de servicios de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS no sorprende a quienes hemos estado advirtiendo sobre el deterioro del sistema. Lo que preocupa es que esto es solo el principio»
Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo
El informe de la Contraloría subraya la urgencia de reformas profundas para evitar un colapso mayor en el sistema de salud colombiano, donde millones de usuarios enfrentan un futuro incierto marcado por inestabilidad financiera y operativa, demandando acciones inmediatas del Gobierno para salvaguardar el derecho fundamental a la salud.
