El lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció el salario mínimo para 2026 en Colombia, fijándolo en 1.746.880 pesos, monto que con el auxilio de transporte asciende a 2.000.000 pesos. Esta decisión generó una inmediata reacción de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), que emitió un comunicado alertando sobre los riesgos que representa este incremento para el empleo formal y la estabilidad económica del país.
La advertencia de AmCham se centra en los posibles efectos adversos del nuevo salario mínimo, destacando cómo podría traducirse en mayores dificultades para las pequeñas empresas y un impacto negativo en la generación de puestos de trabajo formales, en un contexto donde el presidente Petro presenta el aumento como un avance social.
Preocupaciones por el empleo y la economía
En su comunicado, AmCham subraya que el salto salarial podría agravar la informalidad laboral y presionar la sostenibilidad de las pymes, que representan un pilar fundamental de la economía colombiana. Esta postura surge como respuesta directa al anuncio presidencial, cuestionando si los beneficios esperados compensarán los riesgos para la estabilidad macroeconómica y el mercado laboral formal.
“Más que un avance social, podría traducirse en un riesgo significativo para los trabajadores y la estabilidad económica del país”
AmCham
La tensión entre el gobierno y el sector empresarial se acentúa con este episodio, recordando debates previos sobre políticas laborales en Colombia, donde los incrementos salariales han generado tanto elogios por su enfoque redistributivo como críticas por sus repercusiones en la competitividad y el empleo.
