La Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) emitió un comunicado público en el que alertó sobre los efectos negativos que podría generar el aumento del 23 por ciento al salario mínimo para 2026, anunciado por el presidente Gustavo Petro el lunes 29 de diciembre de 2025. Esta medida, que fija el salario base en 1.746.880 pesos y alcanza los 2 millones de pesos con el auxilio de transporte, ha sido criticada por superar ampliamente la inflación acumulada y la productividad del país, lo que pone en riesgo el empleo formal y la continuidad de muchas empresas en Colombia.
Según Amcham, este incremento no parte de cero, ya que entre 2022 y 2025 el salario mínimo ha crecido cerca del 42 por ciento, frente a una inflación acumulada del 30 por ciento y una productividad prácticamente estancada, lo que significa que ya se ha recuperado y superado su poder adquisitivo en ese período. El costo total para un empleador de un trabajador en salario mínimo se acercaría a los 2,7 millones de pesos mensuales, mientras el ingreso neto del trabajador rondaría los 1,86 millones, una diferencia en cargas laborales que resulta difícil de absorber para miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), traduciéndose en menos capacidad para mantener puestos de trabajo, abrir nuevas vacantes o invertir.
Impactos en empleo y empresas
Amcham advierte que el salario mínimo tiene un objetivo legítimo de proteger el poder de compra de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal, pero un salto del 23 por ciento, presentado como un avance social, podría volverse insostenible en las condiciones actuales y terminar afectando paradójicamente a los hogares que se busca respaldar, al tiempo que cerca del 20 por ciento de los trabajadores formales se verían impactados directamente.
«El salario mínimo tiene un objetivo legítimo y necesario: proteger el poder de compra de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal. En ese contexto, un incremento del 23%, aunque se presente como un avance social, en las condiciones actuales puede convertirse en una decisión difícil de sostener y terminar afectando el empleo, la continuidad de muchas compañías y, paradójicamente, a los hogares que se busca respaldar».
Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham)
Incertidumbre legal y falta de concertación
El anuncio presidencial vía decreto, sin la concertación plena exigida por la Constitución Política y la Ley 278 de 1996, genera preocupación porque se aparta de variables tradicionales como la inflación, la productividad y el empleo, e introduce la referencia al ‘ingreso vital’ de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya metodología no es obligatoria y carece de sustento legal previo o acuerdo en la Comisión de Concertación. Esto crea inseguridad jurídica, física y regulatoria, afectando la estabilidad y previsibilidad de las reglas laborales para trabajadores y empleadores, al incrementarse la informalidad —donde se encuentra la mayoría de los empleados que no se benefician directamente pero sí enfrentan alzas en precios de bienes—, la presión fiscal y la menor atracción de inversiones regionales.
«La referencia al ‘ingreso vital’ de la OIT puede ser un insumo técnico, pero su metodología no es obligatoria: el marco vigente sigue siendo la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 278 de 1996. Convertir ese concepto en criterio central por decreto, sin desarrollo legal previo ni acuerdo en la Comisión de Concertación, introduce incertidumbre sobre la estabilidad y previsibilidad de las reglas laborales para trabajadores y empleadores».
Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham)
«La verdadera justicia social requiere medidas que el país pueda mantener en el tiempo, no solo anuncios de corto plazo. Decisiones de salario mínimo sin sustento técnico y legal sólido pueden sonar justas hoy, pero mañana significan más informalidad, más presión fiscal y menos oportunidades para las mismas personas a las que se dice proteger».
Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham)
Desde Manizales, donde las mipymes representan un pilar económico clave, esta alerta resuena con fuerza, recordando la necesidad de equilibrar protecciones sociales con la sostenibilidad empresarial para evitar un impacto negativo en el tejido productivo del país.
