La Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) emitió un comunicado público alertando sobre los riesgos que implica el aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, anunciado por el presidente Gustavo Petro el 29 de diciembre de 2025, el cual elevaría el valor base a 1.746.880 pesos y, con el auxilio de transporte, alcanzaría los 2 millones de pesos. Esta medida, que supera ampliamente la inflación acumulada del 30% entre 2022 y 2025 —frente a un crecimiento salarial acumulado cercano al 42% en el mismo período—, podría poner en jaque el empleo formal y la continuidad operativa de muchas empresas en Colombia, especialmente sin la concertación constitucional prevista en la Ley 278 de 1996.
Amcham subraya que el costo total para los empleadores rondaría los 2,7 millones de pesos mensuales por trabajador, mientras que el ingreso neto para estos se situaría en aproximadamente 1,86 millones de pesos, impactando directamente al 20% de los trabajadores formales del país. La decisión presidencial, tomada sin acuerdo en la Comisión de Concertación y con referencia al concepto de “ingreso vital” de la OIT —cuya metodología no es obligatoria—, genera incertidumbre jurídica en un contexto de productividad estancada, lo que agrava las cargas laborales para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Advertencias sobre sostenibilidad y empleo
En su pronunciamiento, Amcham advierte que este incremento, aunque presentado como un avance social, podría traducirse en mayor informalidad, presión fiscal y menos oportunidades laborales, afectando paradójicamente a los hogares que busca proteger. El mayor costo de contratación elevaría los precios de bienes y servicios, generando una desventaja competitiva para Colombia frente a otros países, sumada a la inseguridad jurídica, física y regulatoria que ya enfrentan las compañías.
“El salario mínimo tiene un objetivo legítimo y necesario: proteger el poder de compra de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal. En ese contexto, un incremento del 23%, aunque se presente como un avance social, en las condiciones actuales puede convertirse en una decisión difícil de sostener y terminar afectando el empleo, la continuidad de muchas compañías y, paradójicamente, a los hogares que se busca respaldar”.
Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham)
La mayoría de los empleados en Colombia opera en la informalidad y no se beneficiaría directamente de este ajuste, lo que resalta la necesidad de medidas sostenibles. Amcham insiste en que la verdadera justicia social demanda acciones perdurables, no anuncios de corto plazo, y critica la ausencia de sustento técnico y legal sólido en la fijación salarial.
“La verdadera justicia social requiere medidas que el país pueda mantener en el tiempo, no solo anuncios de corto plazo”.
Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham)
Críticas al marco legal y técnico
El gremio cuestiona la conversión por decreto del “ingreso vital” de la OIT en criterio central, sin desarrollo legal previo ni concertación, lo que vulnera el marco vigente de la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 278 de 1996. Decisiones así, argumentan, suenan justas en el presente pero generan informalidad y pérdida de empleos en el futuro.
“La referencia al ‘ingreso vital’ de la OIT puede ser un insumo técnico, pero su metodología no es obligatoria: el marco vigente sigue siendo la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 278 de 1996. Convertir ese concepto en criterio central por decreto, sin desarrollo legal previo ni acuerdo en la Comisión de Concertación, introduce incertidumbre sobre la estabilidad y previsibilidad de las reglas laborales para trabajadores y empleadores”.
Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham)
“Decisiones de salario mínimo sin sustento técnico y legal sólido pueden sonar justas hoy, pero mañana significan más informalidad, más presión fiscal y menos oportunidades para las mismas personas a las que se dice proteger”.
Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham)
Este debate se enmarca en las tensiones entre políticas sociales y viabilidad económica, con Amcham llamando a priorizar la estabilidad para garantizar un mercado laboral inclusivo y predecible en Colombia.
