Las autoridades británicas han informado que Zulma Guzmán Castro, empresaria colombiana de 54 años y principal sospechosa en un caso de envenenamiento con talio, no presenta gravedad médica física, sino que se encuentra bajo evaluación de salud mental, un paso clave para avanzar en la extradición solicitada por Colombia. La Fiscalía General de la Nación, a cargo de la fiscal Elsa Cristina Reyes, junto con la Cancillería y el Ministerio de Justicia colombianos, presionan por este proceso tras el envío de un expediente de 15 páginas con pruebas contundentes. Guzmán Castro fue rescatada el 16 de diciembre de 2025 del río Támesis en el Reino Unido, donde permanece en un hospital universitario bajo la Ley de Salud Mental británica por un posible intento de suicidio, lo que había pausado temporalmente el trámite.
El crimen ocurrió el 3 de abril de 2025 en un apartamento de Bogotá, donde se sospecha que Guzmán Castro envió frambuesas contaminadas con talio, una sustancia prohibida en Colombia desde la década de 1970, inodora e insípida que provoca parálisis respiratoria y fallos cardíacos, a su expareja Juan de Bedout. Las víctimas fueron dos menores de 13 y 14 años que fallecieron, y una adolescente que permanece en estado crítico. La sospechosa fue identificada gracias a sus búsquedas sobre los efectos del talio y los análisis clínicos letales en las víctimas, en un caso que reactiva la investigación por la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de De Bedout, quien presentó síntomas similares y falleció en 2021.
Avances en la extradición y aislamiento total
El reciente informe médico destraba la pausa en el proceso de extradición, radicado el sábado 20 de diciembre de 2025, permitiendo que las autoridades británicas consideren el traslado de Guzmán Castro. La Fiscalía ha solicitado un abogado de oficio para procesarla en ausencia, mientras la sospechosa permanece en total aislamiento en el hospital, sin visitas de familiares, amigos o abogados. Su único allegado regresó a Bogotá, y nadie ha diligenciado asistencia consular ni el formulario para un defensor legal, complicando aún más su situación.
Este desarrollo marca un punto de inflexión en un caso que ha conmocionado a Colombia por su crudeza y las repercusiones familiares, con la Justicia colombiana lista para juzgar a la empresaria por los envenenamientos que segaron la vida de dos niñas y dejaron a otra al borde de la muerte, subrayando la letalidad del talio y la determinación de las autoridades para hacer justicia.
