El Gobierno Nacional de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, decretó el salario mínimo para 2026 en 1.750.905 pesos, lo que representa un aumento del 23,7 por ciento, el mayor registrado en la historia reciente del país. Esta medida, que entrará en vigencia en enero de 2026 y se reflejará en la nómina de ese mes, también fija el auxilio de transporte en 249.095 pesos, elevando el ingreso mínimo mensual total a 2.000.000 pesos, una barrera simbólica alcanzada por primera vez.
La decisión gubernamental impactará directamente a más del 80 por ciento de los trabajadores formales en Colombia, quienes devengan salario mínimo, generando efectos perceptibles desde la primera semana de enero. Cada punto porcentual de este incremento implicará 400.000 millones de pesos adicionales en gasto público, mientras que los expertos proyectan aumentos en los precios de entre el 15 y el 20 por ciento. Este ajuste, el mayor en una sola vigencia en la historia reciente, elevará los costos fijos empresariales como salarios, alquileres, mantenimiento e impuestos, afectando sectores como la seguridad privada.
Críticas de gremios y expertos empresariales
Los representantes del sector privado han calificado la medida como problemática, advirtiendo sobre sus consecuencias en empleo formal, inflación e informalidad. Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, señaló que este aumento «prácticamente quintuplica la inflación» y que «varias empresas no tienen literalmente cómo pagar la nómina de enero», enfatizando que «más del 80 por ciento de los trabajadores formales en Colombia devengan salario mínimo, por lo que los efectos se sentirán desde la primera semana de enero». Cuervo agregó que la decisión «generará más problemas de los que pretende solucionar».
«Farsa… burla institucional para el sector productivo del país».
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, describió el decreto como una «farsa» y una «burla institucional para el sector productivo del país», argumentando que «las improvisaciones del Gobierno no las paga el Estado, las paga el pueblo con desempleo, informalidad y carestía. El resultado será inevitable: menos empleo, más informalidad y el cierre de empresas en todo el país». Cabal profundizó: «este incremento carece de sustento técnico y resulta especialmente grave en una economía altamente indexada al salario mínimo. Esta crea una ilusión de mayor ingreso nominal para los trabajadores, pero se oculta el impacto real: un aumento generalizado del costo de vida».
«El aumento de una cifra de más de 20 por ciento agravará el principal problema del mercado laboral en el país, la informalidad».
José Ignacio López, presidente de Anif
José Ignacio López, presidente de Anif, alertó que «muchas empresas optarán por automatizar o reducir contratación; las más pequeñas, por irse a la informalidad», mientras que Bruce Mac Master, presidente de Andi, lo catalogó como «uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia», al afirmar que afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés «constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales».
Frente a estas advertencias, los empresarios anticipan medidas como aumentos de precios, recortes de costos, despidos y automatización, con un traslado de los costos a los consumidores, según reportes de La República. En Manizales y el Eje Cafetero, donde el tejido empresarial depende en gran medida de pymes, el impacto podría acentuarse, profundizando los desafíos económicos locales.
