El empresario y candidato al Senado por el Centro Democrático, Mario Hernández, arremetió contra el anuncio del presidente Gustavo Petro de aumentar el salario mínimo en un 23,7 por ciento para 2026, al que calificó como un «regalo de Navidad» que provocará el encarecimiento generalizado de productos y servicios en Colombia. La crítica se hizo pública a través de la cuenta de X de Hernández, donde cuestionó la medida que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026, argumentando que carece de respaldo en mayor productividad y afectará la competitividad del país.
El pronunciamiento de Hernández se enmarca en las reacciones que ha generado en sectores políticos y empresariales el anuncio presidencial, el cual busca elevar los ingresos de los trabajadores, pero que, según el empresario, podría tener efectos contraproducentes en la economía nacional al impulsar la inflación y elevar el costo de vida, dado que muchos precios y servicios están indexados al salario mínimo.
Impactos económicos en el centro del debate
Hernández enfatizó que el incremento del 23,7 por ciento no solo erosionaría la competitividad colombiana, sino que desencadenaría un círculo vicioso de alzas en los precios, sin que exista un avance real en la productividad que lo justifique. Aunque aclaró que no se opone a que los trabajadores perciban mejores ingresos, insistió en la necesidad de medidas acompañadas de crecimiento económico sostenible para evitar consecuencias negativas.
«Cuando el salario mínimo sube 23 % sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece».
Mario Hernández, empresario y candidato al Senado
«No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario».
Mario Hernández, empresario
«El regalo de Navidad del presidente todo más caro a partir del 1 enero /26».
Mario Hernández, empresario y candidato al Senado
El debate alrededor de esta propuesta salarial pone de manifiesto las tensiones entre las políticas de equidad social impulsadas por el Gobierno y las preocupaciones del sector empresarial por la estabilidad macroeconómica, en un contexto donde Colombia enfrenta desafíos como la inflación persistente y la necesidad de mantener la atractividad para la inversión extranjera.
