El Gobierno nacional de Colombia se encuentra preparando un decreto para eliminar la prima especial de servicios, equivalente a 15 millones de pesos mensuales, que reciben los congresistas, medida que entraría en vigencia a partir de la legislatura 2026, correspondiente a los elegidos en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Este borrador, conocido por Blu Radio y Caracol Radio, forma parte de un proceso de formalización impulsado por el Ejecutivo con el objetivo de corregir lo que considera una remuneración desproporcionada en comparación con el ingreso promedio de la población y la realidad económica del país.
La eliminación de esta prima implicaría una reducción cercana a los 11 millones de pesos mensuales en la asignación total de los congresistas, cuyo salario previo rondaba los 48,1 millones de pesos y se proyecta que supere los 52 millones para 2026, tras un aumento del 7% establecido en el Decreto 1092 de octubre de 2025. En contraste, el salario mínimo para el mismo año ascenderá a alrededor de 1.750.000 pesos, lo que representa aproximadamente 37 veces menos que el sueldo de un legislador, en un contexto donde los congresistas ya cuentan con algunos de los salarios más altos del sector público, complementados por beneficios adicionales como gastos de representación y seguridad.
Austeridad y reorientación del gasto público
Esta iniciativa se enmarca en una política más amplia de reorientación del gasto público y medidas de austeridad, sin afectar derechos fundamentales. El borrador precisa que los salarios actuales de los congresistas hacen imposible cerrar las brechas sociales propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, destacando la necesidad de ajustes inmediatos ante las presiones económicas que enfrenta la población, cuyo salario mínimo verá un incremento del 22,7% respecto al año anterior, pasando de niveles anteriores a los 1.750.000 pesos proyectados.
«La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo; y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas.»
Borrador de decreto, Gobierno nacional
La medida ha generado apoyo en figuras políticas como Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y precandidato presidencial, quien desde el primer año de la pandemia ha propuesto recortes similares y enfatizó que esta prima no está contemplada en la Constitución ni en la ley, sino en un decreto que puede derogarse o modificarse fácilmente. «Ojalá se concrete. Extraordinaria decisión del Gobierno», expresó Cristo, mientras que el cambio impactará directamente en los ingresos mensuales de los futuros congresistas, avivando una polémica sobre los altos emolumentos legislativos en medio de un panorama de austeridad nacional.
«La prima no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley, sino en un decreto que se puede derogar o modificar.»
Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y precandidato presidencial
Con el aumento salarial de los congresistas pasando de 48,1 millones a 51,5 millones de pesos mensuales, redondeados a más de 52 millones en 2026, esta eliminación representa un paso concreto hacia la equidad en el uso de los recursos públicos, en un país donde el debate sobre los privilegios de la clase política cobra fuerza ante las dificultades económicas de los ciudadanos.
