El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un incremento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, que entrará en vigor a partir del 1 de enero en todo el país, con el objetivo de generar mejores condiciones para los trabajadores. El anuncio, realizado a través de Instagram y la cuenta oficial de la Presidencia, ha desatado una fuerte controversia, especialmente por la crítica del empresario y candidato al Senado por el Centro Democrático, Mario Hernández, quien lo calificó como un «regalo de Navidad» que encarecerá productos y servicios para todos los colombianos. Este ajuste salarial se produce en un contexto donde la canasta familiar para una familia de cuatro personas ya asciende a 3,2 millones de pesos, lo que podría agravar la presión sobre los hogares si los costos se disparan.
La medida ha generado reacciones divididas entre sectores políticos, empresariales y sindicales, con críticas centradas en su impacto potencial sobre la inflación, la competitividad, el empleo y la informalidad, mientras que sus defensores la ven como un avance en justicia social que impulsará el consumo. Empresarios como Hernández argumentan que un alza de esta magnitud, sin un respaldo en productividad, indexará al alza diversos costos y afectará especialmente a las mipymes y empresas formales.
Críticas del sector empresarial al anuncio salarial
Mario Hernández, en su cuenta de X, fue uno de los primeros en reaccionar con dureza, señalando que el incremento no considera variables técnicas ni la productividad real de la economía colombiana.
“Cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece”
Mario Hernández, empresario y candidato al Senado por Centro Democrático
El empresario añadió que no se opone a que la gente gane más, pero enfatizó los riesgos de hacerlo sin bases sólidas.
“No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”
Mario Hernández, empresario
“El regalo de Navidad del presidente todo más caro a partir del 1 enero /26”
Mario Hernández, empresario
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, tildó la negociación como una «farsa y burla institucional», «anticipada, unilateral y abiertamente populista», advirtiendo que impondrá pan para hoy y hambre para mañana, con costos asumidos por el pueblo en forma de desempleo, informalidad y carestía.
“Imponer un aumento de esta magnitud, ignorando las variables técnicas y la productividad, es pan para hoy y hambre para mañana. Las improvisaciones del Gobierno no las paga el Estado, las paga el pueblo con desempleo, informalidad y carestía”
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, lo catalogó como uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia, destacando que se muestra generoso con recursos pagados por mipymes, empresas medianas y formales, lo que afectará empleo, competitividad e informalidad.
“Con el fin de mostrarse generoso, con recursos que no pagará ninguno de los miembros del gobierno, y que sí pagarán las mipymes, las empresas medianas y las empresas formales, este sin duda uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia”
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Defensas desde el Gobierno y sindicatos
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, minimizó preocupaciones sobre la informalidad y criticó el capitalismo en Colombia, anticipando que los trabajadores presionarán a sus empleadores por mayores recursos.
“La presión de los trabajadores a sus empleadores va a ser en ese sentido de ganar muchos más recursos para ello”
Armando Benedetti, ministro del Interior
Fabio Arias, presidente de la CUT, celebró la medida como un acto de profunda justicia social que dinamizará la economía mediante mayor consumo en los hogares.
“un acto de profunda justicia social para los trabajadores colombianos”
Fabio Arias, presidente de la CUT
En resumen, el anuncio de Petro profundiza el debate sobre políticas laborales en Colombia, donde las defensas por equidad chocan con temores de un encarecimiento generalizado que golpeará a consumidores y empresas, especialmente aquellas con costos indexados al salario mínimo, en un panorama de economía aún vulnerable.
