El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el lunes 29 de diciembre de 2025 un aumento del 23,7 por ciento al salario mínimo para 2026, fijándolo en 1.746.880 pesos como base y alcanzando los 2 millones de pesos al incluir el auxilio de transporte, una medida calculada en términos reales para proteger el ingreso de las familias trabajadoras. Sin embargo, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) calificó este incremento de “desbordado”, argumentando que fomenta la informalidad laboral, mientras que la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) advirtió sobre riesgos graves para el empleo formal y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al emitirse ambos comunicados de crítica el mismo lunes por AmCham y el martes 30 por Asobancaria.
El decreto presidencial, que evita la concertación en la Comisión prevista por la Constitución y la Ley 278 de 1996, supera ampliamente la inflación y la productividad estancada entre 2022 y 2025, según los gremios. Datos del Dane revelan un deterioro en la calidad del empleo formal durante 2025, con un aumento de 1,2 millones de ocupados con ingresos inferiores al salario mínimo, alcanzando 11,4 millones que representan el 49 por ciento del total, y una caída de 1,3 millones en quienes ganan exactamente el mínimo, quedando en 2,4 millones o el 10 por ciento. Además, el 20 por ciento de los trabajadores formales percibe el salario mínimo, y el costo total para el empleador ronda los 2,7 millones de pesos mensuales, dejando un ingreso neto aproximado de 1,86 millones para el empleado.
Críticas por exceso sobre inflación y falta de sustento legal
AmCham y Asobancaria destacan que este ajuste, que acumula un 42 por ciento desde 2022 frente a una inflación del 30 por ciento, podría generar un impacto inflacionario de entre 165 y 263 puntos básicos, con cada punto porcentual excedente elevando la inflación en 10 a 16 puntos básicos, lo que restringiría el crédito, la inversión, la formalización laboral y el dinamismo económico, potencialmente aumentando la tasa de política monetaria en el primer semestre de 2026 y golpeando con mayor fuerza a las mipymes.
«El salario mínimo tiene un objetivo legítimo y necesario: proteger el poder de compra de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal».
Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham)
La gremial estadounidense cuestiona la referencia al ‘ingreso vital’ de la OIT como insumo técnico no obligatorio, insistiendo en que el marco vigente es la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 278, y advierte que imponerlo por decreto sin desarrollo legal ni acuerdo genera incertidumbre en las reglas laborales.
«En ese contexto, un incremento del 23%, aunque se presente como un avance social, en las condiciones actuales puede convertirse en una decisión difícil de sostener y terminar afectando el empleo, la continuidad de muchas compañías y, paradójicamente, a los hogares que se busca respaldar».
Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham)
«Convertir ese concepto en criterio central por decreto, sin desarrollo legal previo ni acuerdo en la Comisión de Concertación, introduce incertidumbre sobre la estabilidad y previsibilidad de las reglas laborales para trabajadores y empleadores».
Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham)
Finalmente, AmCham concluye que decisiones sin sustento técnico y legal sólido, aunque parezcan justas hoy, mañana derivan en más informalidad, presión fiscal y menos oportunidades para los vulnerables, en un panorama donde el ajuste del 23,7 por ciento sobre una base del 22,7 por ciento excede con creces los fundamentos económicos actuales, según los comunicados de Asobancaria, AmCham y datos del Dane.
