La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos a Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi o el Costeño, por su presunta responsabilidad en la planificación y orden de ejecución del homicidio agravado de alias Topo, ocurrido en la madrugada del 15 de junio de 2024 en el barrio El Muelle de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, cerca de la avenida Mutis. Los cargos incluyen también fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, así como destrucción u ocultamiento de elementos materiales probatorios, todo motivado por disputas territoriales en el control del microtráfico.
Según la investigación, Arteaga Hernández ofreció cuatro millones de pesos a un sicario para cometer el crimen, entregándole un anticipo de dos millones en un billar donde le proporcionó una fotografía de la víctima. Posteriormente, le facilitó un revólver calibre 38 en un automóvil, y el sicario se acercó en bicicleta para dispararle al menos cinco veces a alias Topo. El plan fue concertado junto a Antonio Rafael Herrera Escobar, alias Barranquilla, y alias El Enano, en el marco de un conflicto por el «cruce de líneas de microtráfico».
Continuidad delictiva desde prisión
Arteaga Hernández, quien se encuentra privado de la libertad por su presunta participación en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, no reconoció los hechos imputados durante la audiencia revelada el 30 de diciembre de 2025. Además, se le acusa de haber destruido evidencia como celulares y tarjetas SIM para encubrir el delito, lo que evidencia la continuidad de sus acciones criminales dentro de redes de microtráfico en la capital.
«Usted tenía también la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y tenía la oportunidad de autodeterminarse de acuerdo a esa comprensión»
Fiscal, Fiscalía General de la Nación
Estos nuevos cargos forman parte de la profundización de las investigaciones de la Fiscalía sobre la violencia generada por el microtráfico en Bogotá, destacando cómo las disputas territoriales escalan a asesinatos selectivos incluso desde hinteriores de cárceles, lo que representa un desafío mayor para las autoridades en el control de estas dinámicas criminales urbanas.
