El gremio de la seguridad privada en Colombia, representado por su presidente Miguel Ángel Díaz de Confevip, alertó sobre los graves impactos del incremento del salario mínimo decretado para 2026 por el Gobierno nacional de Gustavo Petro, mientras la senadora María José Pizarro salió en defensa de la medida como un avance significativo para los trabajadores. El aumento, que alcanza el 23,7 por ciento y equivale al 30 por ciento según el sector, elevará el salario base a 1.750.000 pesos más 249.000 pesos de subsidio de transporte, sumando cerca de dos millones de pesos mensuales, en un contexto donde ya se aplicó un ajuste en la jornada nocturna desde el 27 de diciembre.
Las reacciones surgieron a través de declaraciones a medios y un video publicado en la red social X, en medio de un debate nacional sobre los efectos en costos operativos, empleo y la economía general del país, especialmente ante la cercanía de un año electoral. Díaz advirtió que los usuarios podrían no estar dispuestos a asumir ese incremento seguido, lo que obligaría a las administraciones a optar por sistemas tecnológicos de menor costo como cámaras, alarmas y CCTV en reemplazo de vigilantes humanos.
Impacto en más de 70 ítems y costos operativos
Según Confevip, el ajuste salarial afecta más de 70 ítems en el sector, incluyendo la vivienda BIS para vigilantes que casi alcanza los 280 millones de pesos, y está supeditado íntegramente al salario mínimo, incorporando además los efectos de la reforma laboral y la disminución de la jornada laboral. El gremio anticipa repercusiones en la inflación, los ingresos estatales y la generación de empleo, con posibles reemplazos tecnológicos que reducirían la demanda de personal.
«El usuario no sabemos cómo va a reaccionar, pero creo que no va a estar dispuesto a asumir ese 30 % de aumento seguido»
Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip
«Las administraciones van a tener que recurrir a otros sistemas tecnológicos que generen menor costo»
Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip
Defensa oficial: más consumo y menos desempleo
Por su parte, la senadora María José Pizarro rechazó las críticas del sector privado, recordando que en los últimos tres años han pronosticado la destrucción del empleo sin que esto ocurra, y proyectó beneficios como la baja en el desempleo, mayor consumo y un aumento general en el bienestar de los trabajadores. Ella detalló las cifras del decreto, enfatizando su importancia para dignificar los ingresos de quienes percibirán 1.750.000 pesos de salario más 249.000 de subsidio de transporte.
«Estamos hablando de un millón setecientos cincuenta mil pesos de salario más doscientos cuarenta y nueve mil de subsidio de transporte»
María José Pizarro, senadora
«Dirán, como lo han hecho los últimos tres años, que se avecina la destrucción del empleo en Colombia. Y le repetimos con todas las letras: mentira»
María José Pizarro, senadora
Este pulso entre el Gobierno y los gremios evidencia las tensiones por las políticas laborales en Colombia, donde el incremento salarial busca impulsar el poder adquisitivo, pero genera temores de desequilibrios económicos y tecnológicos en sectores intensivos en mano de obra como la seguridad privada.
