José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda durante el gobierno de Gustavo Petro, cuestionó duramente el anuncio del salario mínimo para 2026, fijado en 1.750.905 pesos más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma exactamente dos millones de pesos, un incremento del 23,7 por ciento respecto a los 1.423.500 pesos base más 200.000 pesos de subsidio de 2025. En una publicación en su cuenta de X posterior al anuncio presidencial del 29 de diciembre, Ocampo exigió al gobierno que explique cómo afrontará los efectos negativos de esta medida, que solo beneficiará directamente a una décima parte de los trabajadores colombianos en un contexto de alta informalidad laboral, donde casi la mitad de los urbanos y más del 80 por ciento de los rurales laboran sin contrato formal.
El presidente Petro reveló la cifra en una alocución presidencial, generando reacciones inmediatas desde sectores económicos que advierten sobre presiones inflacionarias derivadas de la indexación de bienes y servicios de la canasta familiar, así como aumentos en costos de producción, pensiones y, especialmente, en micro y pequeñas empresas. Ocampo argumentó que este salto salarial se suma a los mayores costos laborales impulsados por la reforma laboral en trámite, lo que podría impactar el empleo formal y complicar las finanzas públicas, incluso provocando que el Banco de la República eleve las tasas de interés para controlar la inflación.
Efectos negativos y demandas de claridad
Ocampo detalló que, aunque el aumento impulsará la demanda agregada y beneficiará a un segmento minoritario de la fuerza laboral, sus consecuencias serán complejas de manejar, afectando a todas las empresas pero golpeando con mayor fuerza a las micro y pequeñas. Enfatizó la ironía de adoptar una medida de esta magnitud al final del mandato presidencial, dejando su gestión al próximo gobierno sin un plan claro para mitigar riesgos como la mayor informalidad o desequilibrios fiscales.
“A pesar de que el inesperado y elevado aumento del salario mínimo tendrá efectos positivos para una décima parte de los trabajadores colombianos y aumentará la demanda agregada, sus efectos negativos serán complejos de manejar”.
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda
“En primer término, se agrega a los costos laborales que genera la reforma laboral, lo cual tendrá efectos sobre el empleo formal, en un contexto en el cual casi la mitad de los trabajadores urbanos colombianos y más del 80% de los rurales son informales. A través de los aumentos de costos laborales se verán afectadas todas las empresas, pero especialmente las micro y pequeñas”.
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda
El exfuncionario insistió en la necesidad de una explicación pública detallada, mientras que el presidente Petro defendió su decisión recordando que durante su gobierno la tasa de informalidad ha bajado comparada con la era de Iván Duque, refutando la idea de que mayores salarios fomenten automáticamente la informalidad.
“En mi Gobierno, la tasa de informalidad laboral ha descendido respecto al gobierno de Duque, así que la tesis de que si se aumenta el salario mínimo crece la informalidad simplemente no es cierta”.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“El gobierno debe explicar públicamente cómo va a manejar estos efectos negativos y además por qué, si tenía la convicción de la conveniencia de un salario vital, adoptó esta decisión al final de su mandato, dejando que sus efectos tuvieran que manejarlos el próximo gobierno”.
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda
La polémica pone en el centro del debate económico las tensiones entre el impulso al poder adquisitivo de los más vulnerables y la sostenibilidad macroeconómica en Colombia, con analistas atentos a cómo el gobierno cerrará este controvertido capítulo salarial antes de la transición presidencial.
