Josías Fiesco, politólogo y activista opositor al Gobierno de Gustavo Petro, radicó la primera demanda ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo que fijó el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia. Esta acción judicial busca anular la medida argumentando que carece de sustento técnico suficiente y generará graves consecuencias negativas para la economía y la informalidad laboral en el país.
El debate sobre el impacto de este aumento salarial se intensifica, especialmente en un contexto donde ya seis de cada diez colombianos laboran en la informalidad, una cifra que Fiesco proyecta podría elevarse a ocho de cada diez con la nueva política, lo que implicaría despidos masivos. Además, se anticipa un encarecimiento de hasta el 23 por ciento en arriendos, matrículas educativas y transporte público, agravando la presión sobre los hogares. Con esta medida, Colombia se posicionaría en el quinto lugar entre los salarios mínimos más altos de América Latina, según datos secundarios del debate en curso.
Críticas al Gobierno Petro por falta de rigor técnico
El acto administrativo fue expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, y ahora enfrenta una revisión judicial que podría redefinir la estabilidad económica y el empleo. Fiesco, conocido por su oposición al actual mandato, denuncia que la decisión ignora las realidades del mercado laboral y prioriza políticas populistas sobre análisis profundos.
«PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA. Demandamos ante el Consejo de Estado el acto administrativo con el que Petro se burla de los trabajadores (sic)»
Josías Fiesco, politólogo
«Gustavo Petro sigue burlándose en la cara de los trabajadores colombianos»
Josías Fiesco, politólogo
En sus declaraciones, Fiesco enfatiza el riesgo inminente para el empleo formal: «Hoy, de cada diez colombianos, seis ya están en la informalidad. Con este aumento, donde muchos tendrán que ser despedidos, aumentará a ocho de cada diez colombianos en la informalidad». Este proceso judicial marca el inicio de un pulso entre el Ejecutivo y sectores críticos, con implicaciones que se extenderán al debate nacional sobre políticas laborales en los próximos meses.
