El politólogo Josías Fiesco radicó la primera demanda ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo que decretó un incremento del 23% en el salario mínimo para 2026 en Colombia, argumentando que esta medida carece de sustento técnico y generará impactos negativos en la economía y la informalidad laboral. La acción judicial, presentada en Bogotá, cuestiona directamente la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien fijó el salario mínimo más subsidio de transporte en 2.000.000 pesos mensuales, elevando el costo total por trabajador formal a 2.864.324 pesos mensuales, incluyendo aportes a seguridad social, primas, cesantías e intereses.
Según el análisis, este aumento podría disparar la informalidad laboral, que actualmente afecta a seis de cada diez colombianos, hasta alcanzar ocho de cada diez trabajadores, además de encarecer hasta en un 23% sectores clave como arriendos, matrículas educativas y transporte público. Fiesco destaca que el costo empresarial por cada empleado formal incluye aportes a salud por 148.826,93 pesos, pensión por 210.108,60 pesos, riesgos laborales de nivel uno por 9.139,72 pesos, primas por 166.600 pesos, cesantías por otros 166.600 pesos, intereses sobre cesantías por 20.000 pesos y vacaciones por 73.012 pesos, sumando un desglose que agrava la carga para las empresas.
Críticas al decreto presidencial por falta de consenso
El gobierno de Gustavo Petro impulsó el decreto ante la falta de acuerdo entre empresarios y centrales obreras, desatando un debate nacional sobre sus efectos en el empleo y la estabilidad económica. Estudios del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, liderados por Juliana Morad, y análisis de Quintero y Quintero Asesores, con Saida Quintero Martínez, respaldan las preocupaciones de Fiesco, al igual que un informe publicado por La República que detalla cómo esta política podría profundizar la precariedad laboral en un país ya marcado por altos índices de informalidad.
“PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA. Demandamos ante el Consejo de Estado el acto administrativo con el que Petro se burla de los trabajadores (sic)”
Josías Fiesco, politólogo
En su denuncia, Fiesco no escatimó en críticas al Ejecutivo, señalando que esta medida representa un riesgo para la generación de empleo formal y la competitividad empresarial, en medio de un contexto donde el debate sobre el impacto real del salario mínimo sigue polarizando opiniones entre gobierno, sindicatos y sector privado.
“Gustavo Petro sigue burlándose en la cara de los trabajadores colombianos”
Josías Fiesco, politólogo
La demanda ante el Consejo de Estado marca el inicio de una batalla judicial que podría redefinir el panorama laboral para 2026, mientras expertos advierten que sin ajustes, el país enfrentará mayores desafíos en equidad y crecimiento económico.
