Josías Fiesco, politólogo y aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, radicó recientemente la primera demanda ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo del Gobierno nacional que fijó un incremento del 23% en el salario mínimo para 2026 en Colombia, elevándolo junto con el subsidio de transporte a dos millones de pesos mensuales. Esta acción judicial impugna el decreto por carecer de sustento técnico y por generar impactos negativos en la economía y la informalidad laboral, en medio de un debate que continúa sobre sus efectos en el empleo y la estabilidad del país.
El costo total por trabajador para las empresas ascendería a 2.864.324 pesos mensuales, según análisis de La República, e incluye no solo el salario base y subsidio, sino también prestaciones como primas por 166.600 pesos, cesantías por 166.600 pesos, intereses sobre cesantías de 20.000 pesos mensuales, vacaciones por 73.012 pesos, y aportes a seguridad social que comprenden el 8,5% en salud equivalente a 148.826,93 pesos, el 12% en pensión por 210.108,60 pesos, y riesgos laborales en nivel uno por 9.139,72 pesos. Actualmente, seis de cada diez colombianos laboran en la informalidad, cifra que podría escalar a ocho de cada diez con esta medida, posicionando a Colombia como el quinto país con los salarios mínimos más altos de América Latina.
Críticas al decreto de Petro y proyecciones de impacto
El Gobierno de Gustavo Petro decretó el aumento ante la falta de consenso entre empresarios y centrales obreras, lo que ha avivado el debate sobre sus consecuencias en el empleo formal, el crecimiento de contratos parciales y la caída en cotizantes a seguridad social. Expertos como la directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana han advertido sobre las implicaciones en el mercado laboral formal, mientras que una socia de Quintero y Quintero Asesores destaca que las prestaciones se mantienen iguales para contratos fijos e indefinidos. Además, se proyectan alzas de hasta el 23% en arriendos, matrículas y transporte, profundizando la informalidad y afectando la estabilidad económica.
“PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA. Demandamos ante el Consejo de Estado el acto administrativo con el que Petro se burla de los trabajadores (sic)”
Josías Fiesco, politólogo y aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático
“Gustavo Petro sigue burlándose en la cara de los trabajadores colombianos”
Josías Fiesco, politólogo y aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático
Esta demanda representa un desafío inicial al decreto presidencial, abriendo la puerta a más impugnaciones mientras el país evalúa los riesgos de un «pan para hoy, hambre para mañana» en el panorama laboral, con posibles ramificaciones en la generación de empleo y la sostenibilidad de las empresas en un contexto de alta informalidad.
