El gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 23,78 por ciento en el salario mínimo legal vigente para 2026, elevándolo a dos millones de pesos mensuales a partir de enero del próximo año en Colombia. Esta medida, que genera costos fiscales estimados entre siete billones y treinta billones de pesos, supera ampliamente el siete por ciento previsto en el Presupuesto General de la Nación para ese año y busca dinamizar el consumo interno, aunque críticos advierten de una brecha de 16,7 puntos porcentuales respecto a la inflación y la productividad esperadas.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la decisión argumentando que impulsará un crecimiento económico superior al cinco por ciento y mayores ingresos tributarios, con un costo fiscal directo de unos siete billones de pesos. Sin embargo, el exministro de Hacienda Diego Guevara alertó que el mayor impacto no recaerá en el mercado laboral, sino en el Presupuesto General de la Nación, estimando un hueco total de financiación cercano a los treinta billones de pesos, incluyendo diez billones adicionales por pensiones y salarios mínimos pagados del Tesoro Nacional. En el sector público, la nómina de la Nación podría costar más de cinco billones de pesos anuales, mientras que las pensiones estatales suman casi otros cinco billones, según Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad.
Presión sobre el sistema pensional y la economía formal
El impacto en el sistema pensional es uno de los focos principales de preocupación, con más de un millón de pensionados afectados. Kevin Hartmann, experto en pensiones, calculó que solo en Colpensiones el aumento generaría un costo aproximado de cuatro billones de pesos. Además, un hombre de 62 años necesitaría hoy 420 millones de pesos de capital para garantizar una pensión mínima, cifra que subiría a 535 millones en 2026. Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, calificó el incremento del 23 por ciento como una presión desafortunada para el sistema económico, con costos laborales significativos para las empresas, especialmente en un contexto donde la economía informal representa el 56 por ciento y las micro, pequeñas y medianas empresas abarcan el 99,5 por ciento del tejido empresarial.
“El costo fiscal es de unos $7 billones, pero el impulso al consumo podría generar un crecimiento superior al 5% y mayores ingresos tributarios”
Germán Ávila, ministro de Hacienda
“El mayor impacto de este aumento no estará en el mercado laboral, sino en el Presupuesto General de la Nación”
Diego Guevara, exministro de Hacienda
Expertos como Guevara sugieren que la financiación del déficit requeriría nueva deuda o una reforma tributaria, con efectos en el sector formal, el empleo y los precios, impactando mayormente a hogares de menores recursos. Herrera enfatizó que el aumento justificado por inflación y productividad no debería superar el siete por ciento, mientras Pardo y Hartmann coincidieron en los elevados costos anuales para nómina y pensiones estatales.
“Entre pensiones y salarios mínimos que se tienen que pagar del Tesoro pueden ser unos $10 billones adicionales; el hueco total de financiación podría ampliarse a cerca de $30 billones”
Diego Guevara, exministro de Hacienda
“Solo en Colpensiones, el aumento tendría un costo aproximado de $4 billones”
Kevin Hartmann, experto en pensiones
En resumen, mientras el gobierno celebra el potencial dinamizador de la medida, analistas como Herrera ven en ella un motivo de total preocupación por sus implicaciones fiscales y económicas en un país con alta informalidad, dejando en vilo la sostenibilidad de las finanzas públicas para 2026.
“El aumento del 23% en el salario mínimo (al menos 16 puntos porcentuales -pp- por encima de la inflación y del crecimiento de la productividad) puede costarle a la Nación más de $5 billones anuales por concepto de nómina y casi otros $5 billones por concepto de pensiones”
Oliver Pardo, director Centro Javeriano de Competitividad
“Un incremento del 23% implica una presión absolutamente desafortunada para el sistema económico en dos dimensiones. Claro que es un costo, y es un costo laboral muy importante para las empresas. No es un motivo de celebración, es un motivo de total preocupación”
Juan Pablo Herrera, decano Facultad de Economía Universidad Externado
