El gobierno nacional, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, ha fijado el salario mínimo mensual para 2026 en 1.750.905 pesos, junto con un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que eleva la base de cálculo de la prima de servicios a 2.000.000 pesos mensuales para los trabajadores que devenguen el salario mínimo. Esta medida, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, implica un ajuste histórico en Colombia, con pagos de la prima semestrales programados antes del 30 de junio y el 20 de diciembre de cada año.
El nuevo cálculo de la prima de servicios se basa en la suma del salario mínimo y el auxilio de transporte, es decir, 1.750.905 pesos más 249.095 pesos, que arroja exactamente 2.000.000 pesos como base, aplicando la fórmula de (salario más auxilio) multiplicado por los días trabajados y dividido por 360. Respecto a 2025, esto representa un aumento de 326.500 pesos en el salario mínimo y de 49.095 pesos en el auxilio de transporte, que pasaba de 200.000 pesos, elevando la base de la prima en un 23 por ciento frente a los 1.623.500 pesos del año anterior.
Impacto en costos laborales y economía
La prima de servicios equivale a un mes de salario por año laborado, pagada en dos cuotas semestrales y proporcional a los días trabajados, con el auxilio de transporte sumándose a la base de cálculo siempre que el trabajador devengue hasta dos salarios mínimos; sin embargo, este auxilio no se incluye como base para los aportes a salud y pensión. Esta decisión gubernamental genera un alza histórica del 23,7 por ciento, superior a la inflación prevista y a la expectativa salarial del 6,2 por ciento reportada por Acrip en un estudio con más de 150 empresas. En el primer trimestre de 2025, la informalidad ocupada alcanzó el 57,2 por ciento, lo que resalta los desafíos para el empleo formal.
El costo laboral mensual total por cada trabajador con salario mínimo superará los 2.995.642 pesos en 2026, considerando todos los conceptos legales como salud, pensión, cesantías e intereses a cesantías, lo que implica un incremento sustancial para los empleadores. Organizaciones como Acrip y el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo han alertado sobre las presiones inflacionarias, el alza en los costos laborales y los efectos negativos particularmente en micro y pequeñas empresas, así como en la generación de empleo formal.
Esta medida aplica específicamente a trabajadores con salario mínimo y auxilio de transporte, buscando un ajuste que equilibre el poder adquisitivo de los empleados, pero que genera debates sobre su sostenibilidad económica en un contexto de alta informalidad y expectativas moderadas de crecimiento salarial.
