El Gobierno nacional de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha fijado el salario mínimo mensual para 2026 en 1.750.905 pesos, lo que representa un incremento de 326.500 pesos respecto a los 1.423.500 pesos de 2025. De igual manera, el auxilio de transporte se elevará a 249.095 pesos, un aumento de 50.000 pesos en comparación con los 200.000 pesos vigentes este año. Esta decisión, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, también impacta directamente en la base de cálculo de la prima de servicios, elevándola a 2.000.000 pesos mensuales para los trabajadores que devenguen el salario mínimo, un salto de 376.500 pesos y un 23 por ciento más que en 2025.
La prima de servicios, que equivale a un mes de salario por año y se paga en dos cuotas semestrales antes del 30 de junio y el 20 de diciembre, se calculará sumando el salario mínimo y el auxilio de transporte, multiplicado por los días trabajados y dividido por 360, siempre y cuando el trabajador no supere los dos salarios mínimos. Según la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), este ajuste salarial alcanza un 23,7 por ciento, superando con creces la expectativa de los gremios, que rondaba el 6,2 por ciento para más de 150 empresas representadas por esta entidad.
Inquietudes por el impacto en costos laborales y empleo formal
El anuncio genera preocupación en el sector empresarial, ya que el costo laboral mensual por un trabajador con salario mínimo superará los 2.995.642 pesos en 2026, afectando prestaciones sociales y nóminas de las compañías. José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, ha alertado sobre las presiones inflacionarias que podría generar este aumento histórico, así como sus efectos negativos en micro y pequeñas empresas. Un estudio de Acrip indica que el alza excede la inflación prevista y la capacidad financiera de muchas firmas, en un contexto donde la informalidad ocupada alcanza el 57,2 por ciento según datos del primer trimestre de 2025.
Esta medida del Gobierno nacional busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero despierta debates sobre su sostenibilidad en un mercado laboral con alta informalidad y desafíos económicos, donde el equilibrio entre protección social y competitividad empresarial se presenta como un reto clave para el próximo año.
