El politólogo y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Josías Fiesco, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, emitido por el Gobierno nacional, que establece un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026. Esta impugnación judicial se basa en la supuesta falta de justificación técnica requerida por la Ley 278 de 1996, ya que el acto administrativo no sustentaría adecuadamente variables clave como la inflación del Dane de noviembre, la inflación proyectada por el Banco de la República, la productividad laboral del Dane, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del PIB según el Dane.
La acción legal se interpuso poco después del anuncio del decreto, que eleva el salario mínimo desde los 1.423.500 pesos vigentes en 2025, fijados por el Decreto 1572 de 2024, y surge en un contexto de ausencia de consenso en la Comisión Permanente de Concertación Salarial. Fiesco argumenta que esta medida afecta al 90% de los colombianos, según estimaciones del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, y podría derivar en una nulidad total con efectos hacia el futuro, obligando al Gobierno a expedir un nuevo decreto sin retrotraer pagos ya consolidados.
Antecedente histórico y argumentos técnicos
Este caso evoca un precedente del año 2016, cuando el Consejo de Estado anuló el Decreto 2552 de 2015, que había fijado un aumento del 7% en el salario mínimo a 689.455 pesos, por falsa motivación e insuficiente análisis de las variables de la Ley 278. Aquella sentencia tuvo efectos solo prospectivos, sin modificar los pagos de ese año. Ahora, la demanda recae en la Sección Segunda del Consejo de Estado, única instancia competente y sin límite temporal para impugnar, con posibilidad de una medida cautelar que suspenda el decreto. Si se declara la nulidad durante 2026, el escenario podría implicar un regreso temporal al salario de 2025 o la emisión rápida de un nuevo acto administrativo.
Voces de expertos respaldan la impugnación
“en beneficio del 90% de colombianos que se ven afectados por la medida del día de hoy del Gobierno. No podemos permitir la destrucción de Colombia sin argumento de sensatez”
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda
“En el año 2016, el Gobierno, vía decreto, fijó el salario mínimo y las organizaciones sindicales y demás acudieron al Consejo de Estado a fin de solicitar la nulidad de este decreto, en la medida en que señalaron que el mismo no estaba respaldado en argumentos y criterios técnicos económicos”
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor de la Universidad del Rosario
“la fijación del salario mínimo no responde al arbitrio absoluto del presidente de la República, hay unas variables que se deben tener en cuenta al momento de definirlo”
Mirna Wilches, socia de Chapman Wilches
“el alcance de la sentencia de nulidad siempre será total”
Juan Esteban Amador, abogado de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados
La demanda de Fiesco representa la primera impugnación formal tras el decreto de 2026, destacando tensiones sobre la concertación salarial y el rigor técnico en decisiones que impactan directamente a millones de trabajadores colombianos, en un momento de urgencia por resolver antes de que expire el año.
