Según un reportaje de The Wall Street Journal, los grupos armados ilegales en Colombia han duplicado su tamaño hasta alcanzar los 25.000 miembros en apenas tres años durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, un fenómeno atribuido principalmente a las treguas decretadas que habrían facilitado su reclutamiento y fortalecimiento, incluyendo el uso de drones explosivos para ataques contra las fuerzas estatales. Esta expansión se ha visto particularmente en regiones como Cali y sus periferias urbanas, donde las organizaciones han capitalizado su cercanía a zonas de producción de cocaína y rutas de contrabando hacia Estados Unidos.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, ha calificado esta situación como “una nueva y grave amenaza de seguridad”, mientras que el mayor general Juan Carlos Correa ha detallado el impacto inicial de los drones en las operaciones militares. Los grupos han empleado estos dispositivos no solo para ataques directos contra las fuerzas del Estado, sino también para eludir la vigilancia en sus rutas de narcotráfico, catalizando su crecimiento en medio de políticas que generaron una ventana de oportunidad durante las treguas.
Respuesta gubernamental con fumigación y cambios en la cúpula militar
En respuesta a esta escalada, el gobierno anunció el 22 de diciembre de 2025 la reanudación de la fumigación de narcocultivos mediante drones, una medida que busca contrarrestar la expansión de estos grupos y responde a la presión internacional de Estados Unidos para endurecer las políticas antidrogas. Paralelamente, se produjeron cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares, con el nombramiento del general Alejandro López Barreto como comandante general, el general Royer Gómez al frente del Ejército, el general Carlos Fernando Silva en la Fuerza Aérea y el almirante Juan Ricardo Rozo en la Armada Nacional, en un esfuerzo por fortalecer la respuesta ante la amenaza a la estabilidad interna y las rutas de tráfico de drogas.
“Cuando comenzaron los ataques con drones, el impacto fue bastante severo: la aparición repentina de una capacidad que, francamente, no estaba en nuestro radar”
Mayor general Juan Carlos Correa
Este anuncio llega en un contexto histórico marcado por la suspensión de la aspersión aérea de glifosato en 2015 y el fallido intento de restablecimiento por parte del expresidente Iván Duque, rechazado por la Corte Constitucional debido a riesgos sanitarios y ambientales. Las políticas de Petro, inicialmente enfocadas en treguas para la paz total, habrían permitido no solo el reclutamiento masivo, sino también la adquisición de un arsenal avanzado, poniendo en jaque las fuerzas estatales y la seguridad nacional en un momento de creciente tensión por el narcotráfico hacia el exterior.
