Josías Fiesco, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, presentó la primera demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, emitido por el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, que establece un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, elevándolo desde los 1.423.500 pesos vigente en 2025 según el Decreto 1572 de 2024. La acción judicial, radicada en la Sección Segunda del Consejo de Estado como única instancia, busca la nulidad simple del acto administrativo por supuesta falta de justificación técnica, amparada en la Ley 278 de 1996, alegando ausencia de sustentación en variables clave como la inflación del Dane de noviembre, la inflación proyectada por el Banco de la República, la productividad laboral del Dane, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del PIB según el Dane, además del poder adquisitivo.
Esta demanda surge tras el anuncio del decreto, impulsado por la falta de consenso en la Comisión Permanente de Concertación Salarial, y se fundamenta en precedentes como el de 2016, cuando el Decreto 2552 de 2015 fijó un aumento del 7% llevando el salario a 689.455 pesos, pero fue anulado por el Consejo de Estado en 2017 por falsa motivación, es decir, insuficiente análisis de las variables de la Ley 278, con efectos solo hacia el futuro sin modificar los pagos ya realizados ese año. Expertos como Mirna Wilches, socia de Chapman Wilches, y Juan Esteban Amador, abogado en Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, respaldan el argumento al enfatizar que la fijación del salario mínimo no puede ser un arbitrio absoluto del presidente.
Antecedentes y voces de autoridad
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor de la Universidad del Rosario, recordó que en 2016 las organizaciones sindicales y otras entidades acudieron al Consejo de Estado solicitando la nulidad del decreto por carecer de argumentos y criterios técnicos económicos, un caso que ahora se replica con esta primera impugnación. La medida, según José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, afecta al 90% de los colombianos, y la demanda no tiene límite temporal para presentarse, pudiendo incluir una medida cautelar para suspender el decreto mientras se resuelve, lo que se espera ocurra en 2026 para tener efecto práctico, obligando al Gobierno a expedir un nuevo decreto si se declara la nulidad, siempre con efectos ex nunc que no alteren pagos ya realizados.
“en beneficio del 90% de colombianos que se ven afectados por la medida del día de hoy del Gobierno. No podemos permitir la destrucción de Colombia sin argumento de sensatez”
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda
“la fijación del salario mínimo no responde al arbitrio absoluto del presidente de la República, hay unas variables que se deben tener en cuenta al momento de definirlo”
Mirna Wilches, abogada, socia de Chapman Wilches
“En el año 2016, el Gobierno, vía decreto, fijó el salario mínimo y las organizaciones sindicales y demás acudieron al Consejo de Estado a fin de solicitar la nulidad de este decreto, en la medida en que señalaron que el mismo no estaba respaldado en argumentos y criterios técnicos económicos”
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, profesor Universidad del Rosario
Este litigio marca un nuevo capítulo en la controversia por el salario mínimo, con posibles implicaciones para la economía colombiana en 2026, donde el debate entre concertación salarial y control judicial podría redefinir los límites de la potestad presidencial en materia laboral.
