El exministro de Justicia y aspirante al Senado por Salvación Nacional, Wilson Ruiz Orejuela, aclaró que las demandas interpuestas contra los Decretos 1469 y 1470 de 2025, firmados por el presidente Gustavo Petro el 29 de diciembre pasado para fijar el salario mínimo de 2026 en 1.746.882 pesos más un subsidio de transporte que eleva el total a 2.000.000 pesos, no implicarían la devolución de los pagos ya realizados a los trabajadores en caso de que sean anulados por el Consejo de Estado. Esta explicación surge en medio de la primera demanda ya radicada recientemente por el politólogo y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Josías Fiesco, quien cuestiona la validez de estas normas que representan un aumento salarial del 23,7 por ciento.
Las demandas se sustentan en vicios de nulidad tanto de forma, por la falta de publicidad previa que impidió comentarios de la sociedad, como de fondo, al vulnerar el principio de proporcionalidad con un incremento que supera ampliamente la inflación y al invadir competencias exclusivas del Congreso en materia salarial. Ruiz Orejuela enfatizó que estos defectos estructurales comprometen la totalidad del decreto desde su origen, ya que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo y desconoce principios constitucionales como la separación de poderes, la reserva de ley y el debido proceso democrático. Nuevas demandas podrían presentarse a mediados de enero, una vez culminada la vacancia judicial, y estas acciones pueden interponerse en cualquier momento ante el Consejo de Estado.
Vicios estructurales y antecedentes judiciales
En un precedente similar, el Consejo de Estado anuló el Decreto 2552 de 2015, emitido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que había fijado un aumento del 7 por ciento al salario mínimo de 2016 en 689.455 pesos cuando la inflación era del 6,77 por ciento; esa decisión se tomó el 17 de marzo de 2017, un año y tres meses después de su aplicación, pero sus efectos fueron solo hacia el futuro, sin afectar los salarios ya pagados. Ruiz Orejuela destacó que, de manera análoga, una anulación actual no castigaría al trabajador ni requeriría la devolución de sumas abonadas, ya que el decreto perdería vigencia desde la fecha del fallo, aunque posibles medidas cautelares podrían suspender sus efectos de inmediato y obligar a pagar con el salario anterior.
La anulación no castiga al trabajador.
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia
El decreto vulnera el principio de proporcionalidad al incrementar el salario muy por encima de la inflación, somete a los empresarios a una presión financiera insostenible. Al tiempo que vulneró el principio de publicidad al no publicarse previamente para comentarios de la sociedad. Esos dos defectos, uno de forma y otro de fondo, hacen que el decreto sea demandable ante el Consejo de Estado.
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia
Si no se decretan medidas cautelares, los empleadores deberán pagar los 2.000.000 pesos mientras el proceso avanza, lo que podría generar incrementos indexados en otros rubros y presiones inflacionarias durante su vigencia. Esta controversia resalta tensiones entre el Ejecutivo y otros actores políticos en el ajuste salarial, con impactos potenciales en la economía colombiana.
Ninguno. El vicio de nulidad afecta la totalidad del decreto. No se trata de errores aislados, corregibles o subsanables en algunos de sus artículos, sino de un defecto estructural que compromete su validez desde el origen. El decreto nació viciado porque excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, invade competencias exclusivas del Congreso y desconoce principios constitucionales básicos como la separación de poderes, la reserva de ley y el debido proceso democrático.
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia
En el pasado (marzo de 2017), el Consejo de Estado anuló un decreto de (Juan Manuel) Santos (El incremento del salario mínimo de 2016). Sus efectos fueron hacia el futuro, es decir, que en la práctica no afectó los salarios recibidos de las personas.
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia
Fuentes: Infobae Colombia, Colprensa, iStock.
