El presidente Gustavo Petro firmó el 23 de diciembre de 2025 la Resolución 474 de 2025, que prorroga por siete meses adicionales la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Frente 33 de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc (EMCBF), comandado por alias Calarcá Córdoba, en la zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en la región del Catatumbo. Esta medida se toma en medio de una escalada de violencia que ha complicado el proceso, extendiendo el plazo para el alistamiento y posible ingreso de integrantes del grupo armado, ya que el período inicial establecido en la Resolución 161 de 2025 venció el 7 de julio sin avances significativos en el traslado.
La prórroga busca dar continuidad a los esfuerzos logísticos pactados inicialmente en mayo de 2025 durante reuniones en San José de Cúcuta entre el Gobierno nacional y el Frente 33, que incluyeron encuentros entre mayo y noviembre para preparar el terreno. Sin embargo, la situación humanitaria se ha agravado con al menos 300 personas desplazadas en los últimos días, incluyendo 100 familias que llegaron a Cúcuta y 15 a Ocaña solo el 30 de diciembre, producto de intensos enfrentamientos entre el Frente 33 y el ELN iniciados el 24 de diciembre en veredas como La Gabarra y Pacheli, lo que ha generado desplazamientos masivos y confinamientos en comunidades cercanas.
Preocupación por la seguridad en el Catatumbo
Desde el inicio del proceso, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos para las comunidades y ha reiterado su preocupación por la ausencia de protocolos de seguridad efectivos, en un contexto donde el uso de drones y la toma de poblaciones por parte de los grupos armados ilegales limita severamente la respuesta humanitaria en la zona.
«La situación en el Catatumbo sigue crítica»
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo
Esta extensión de la ZUT, que originalmente contemplaba siete meses con 45 días para el traslado de integrantes, refleja los desafíos persistentes en la implementación de acuerdos de concentración en una de las regiones más conflictivas del país, donde la violencia entre disidencias y otros actores armados pone en jaque tanto la paz total como la protección de la población civil.
