El Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció este 30 de diciembre de 2025, mediante un comunicado oficial, que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 alcanzará más de 101,3 billones de pesos, lo que representa un incremento global del 12,94 por ciento respecto a los 89,8 billones de 2025, sumando más de 11,6 billones adicionales. Sin embargo, esta decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado fuertes críticas de gremios del sector salud como Acemi, cuyo presidenta Ana María Vesga, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), dirigida por Juan Carlos Giraldo, y Pacientes Colombia, quienes argumentan que el ajuste no considera el incremento del salario mínimo decretado apenas el día anterior, dejando un desfase que amenaza la sostenibilidad del sistema.
El anuncio busca cumplir con órdenes de la Corte Constitucional, como la sentencia T-760 de 2008, el auto 411 de 2016 y los autos 007 y 2049 de 2025, que exigen equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95 por ciento de la contributiva para reducir brechas financieras entre ambos regímenes. No obstante, mientras el régimen subsidiado recibirá un aumento del 16,49 por ciento, el contributivo solo subirá un 9,03 por ciento, cifras que los gremios consideran insuficientes, estimando una necesidad técnica cercana al 17 por ciento y un aumento real de apenas 4 o 5 por ciento al descontar la inflación de 2025.
Voces de rechazo por insuficiencia y rezago
Los representantes del sector han sido enfáticos en sus cuestionamientos. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, señaló que este aumento del 9 por ciento es, en realidad, un aumento real del 4 o 5 por ciento sobre la base de la inflación para el año 2025, y agregó que los cálculos para la UPC de 2026 no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno nacional. Vesga también alertó sobre un rezago actuarial muy importante en el sistema, expresado en las enormes deudas entre aseguradoras y prestadoras, así como en la crisis generalizada que enfrenta el sector.
“Existe un desfase significativo entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector prestador de servicios de salud”
Juan Carlos Giraldo, director de Achc
Giraldo, por su parte, pidió al Gobierno Nacional que reconsidere especialmente la cifra en el régimen contributivo y que expida las circulares necesarias para que el incremento se traslade de manera obligatoria a los contratos y tarifas con las IPS, manteniendo así un equilibrio que permita mejores ingresos para un sector prestador que viene sufriendo dificultades. Desde Pacientes Colombia, la crítica fue aún más dura, calificando el aumento en la UPC contributiva como un atentado contra la vida, en medio de preocupaciones por la reducción de servicios, brechas territoriales y inequidad en el acceso.
El impacto en los usuarios es alarmante, según reportes como el de la Fundación Retorno Vital, que revela que los pacientes esperan hasta 250 días para obtener medicamentos, mientras que el tratamiento efectivo en 2024 apenas alcanzó los 4,7 meses. Estos recursos reconocidos a las EPS no mitigan el riesgo de colapso, coincidiendo el anuncio con el decreto del salario mínimo y exacerbando las tensiones en un sistema ya tensionado por deudas y crisis financieras.
