El Consejo de Estado de Colombia anuló en 2017 el Decreto 2552 de 2015, que había fijado un aumento del 7% al salario mínimo para 2016, por considerar que carecía de una justificación detallada sobre la ponderación de variables económicas en ausencia de consenso en la mesa de concertación. Ahora, esta decisión cobra nueva vigencia con la demanda presentada por Josías Fiesco, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, contra el reciente decreto que establece un incremento del 23,7% para el salario mínimo de 2026, alegando vicios similares de legalidad en la motivación del acto administrativo.
La acción judicial de Fiesco reactiva un debate jurídico que se remonta al precedente de 2017, cuando el alto tribunal declaró la nulidad del decreto salarial sin efectos retroactivos, pero con proyecciones institucionales hacia el futuro. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien invitó públicamente a demandar la medida, argumenta que esta decisión gubernamental afectará al 90% de los colombianos al carecer de sustento técnico en variables como la inflación del Dane de noviembre, la inflación proyectada por el Banco de la República, la productividad laboral según el Dane, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del PIB reportado por el Dane, tal como lo exige el artículo 8 de la Ley 278 de 1996.
Expertos resaltan la necesidad de transparencia en la fijación salarial
El Consejo de Estado no tiene la función de fijar el salario mínimo, sino de exigir transparencia en la motivación y el procedimiento, revisando si el porcentaje adoptado se justifica técnicamente. En este contexto, la demanda podría derivar en la nulidad total del decreto para 2026, obligando al gobierno a expedir uno nuevo, con efectos principalmente hacia el futuro y una excepcional retroactividad solo si no se han consolidado derechos. Abogados y académicos han subrayado la relevancia de este control judicial.
“En beneficio del 90% de colombianos que se van afectados por la medida del día de hoy del gobierno !! No podemos permitir la destrucción de Colombia sin argumento de sensatez”
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda
“la fijación del salario mínimo no responde al arbitrio absoluto del presidente de la República, hay unas variables que se deben tener en cuenta al momento de definirlo”
Mirna Wilches, abogada socia de Chapman Wilches
“El Consejo de Estado no solamente señala que el decreto que fija un salario mínimo es como tal un acto administrativo que puede ser demandado, sino que además hace un análisis y considera que puede entrar incluso a mirar las variables económicas en las que se basó el gobierno para fijar el salario mínimo”
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor de la Universidad del Rosario
Esta controversia pone en el centro del debate público la tensión entre las políticas laborales del gobierno y los controles judiciales, recordando que la falta de explicación detallada en la ponderación de factores económicos puede invalidar decisiones que impactan directamente en la economía de millones de trabajadores y empresas en Colombia.
