El Consejo de Estado de Colombia se encuentra en el centro de una nueva controversia laboral tras la reciente demanda interpuesta por el politólogo y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Josías Fiesco, contra el decreto que establece un aumento del salario mínimo del 23,7 por ciento para 2026. Esta acción judicial invoca un precedente clave establecido en 2017, cuando el alto tribunal anuló el Decreto 2552 de 2015 del gobierno nacional, que había fijado el incremento salarial para 2016 en un 7 por ciento, por considerar que carecía de una justificación detallada y técnica suficiente.
La decisión de 2017 se basó en un vicio de legalidad relacionado con la motivación insuficiente de las variables económicas obligatorias por ley, como la inflación reportada por el Dane en noviembre, la inflación proyectada por el Banco de la República, la productividad laboral según el Dane, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del PIB también medido por el Dane, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley 278 de 1996. En aquella sentencia, emitida sin efectos retroactivos pero con proyección institucional hacia el futuro, el Consejo de Estado dejó claro que la fijación del salario mínimo no es un acto discrecional absoluto, sino que requiere un análisis explícito y concertado, especialmente ante la ausencia de consenso en la mesa de concertación tripartita.
Precedente que obliga a una justificación técnica detallada
Josías Fiesco argumenta en su demanda que el actual decreto para 2026 incurre en los mismos defectos que el de 2015, solicitando su nulidad total ante el Consejo de Estado, que revisa la motivación y las variables económicas sin competencia para fijar el salario en sí mismo. Si prospera, la sentencia sería integral, declarando el decreto válido o nulo en su totalidad, sin modulaciones, aunque en casos excepcionales podría generar efectos retroactivos si no hay situaciones consolidadas.
“En beneficio del 90% de colombianos que se van afectados por la medida del día de hoy del gobierno !! No podemos permitir la destrucción de Colombia sin argumento de sensatez”
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda
Expertos en la materia respaldan esta visión, destacando la necesidad de rigor técnico en estos decretos. Mirna Wilches, socia de Chapman Wilches, enfatizó que la fijación del salario mínimo no responde al arbitrio absoluto del presidente de la República, sino que exige tener en cuenta esas variables específicas al momento de definirlo.
“la fijación del salario mínimo no responde al arbitrio absoluto del presidente de la República, hay unas variables que se deben tener en cuenta al momento de definirlo”
Mirna Wilches, socia de Chapman Wilches
El rol del Consejo de Estado en el control de legalidad
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor de la Universidad del Rosario, profundizó en el alcance del precedente: el Consejo de Estado no solo reconoce estos decretos como actos administrativos demandables, sino que puede examinar detalladamente las variables económicas en las que se basa el gobierno para justificar el porcentaje de aumento.
“El Consejo de Estado no solamente señala que el decreto que fija un salario mínimo es como tal un acto administrativo que puede ser demandado, sino que además hace un análisis y considera que puede entrar incluso a mirar las variables económicas en las que se basó el gobierno para fijar el salario mínimo”
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor de la Universidad del Rosario
Esta demanda revive el debate sobre la concertación salarial en Colombia y podría tener impactos significativos hacia el futuro, obligando a futuras administraciones a proporcionar explicaciones técnicas exhaustivas. De prosperar, no solo anularía el decreto de 2026 en su integridad, sino que fortalecería los controles judiciales sobre políticas económicas clave, protegiendo a la mayoría de los trabajadores y empleadores afectados por decisiones sin sustento sólido.
