El Consejo de Estado de Colombia anuló en 2017 el Decreto 2552 de 2015, que había fijado un aumento del 7% al salario mínimo para 2016, al considerar que carecía de una justificación técnica detallada. Ahora, el candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Josías Fiesco, ha presentado una demanda ante el mismo alto tribunal contra el decreto que establece un incremento del 23,7% para el salario mínimo de 2026, argumentando vicios de legalidad similares por insuficiente motivación en el acto administrativo.
La acción judicial, impulsada por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, se fundamenta en la falta de explicación exhaustiva sobre la ponderación de variables clave como la inflación reportada por el Dane en noviembre, la proyección del Banco de la República, la productividad laboral según el Dane, el porcentaje de contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del PIB también del Dane, tal como lo exige el artículo 8 de la Ley 278 de 1996. Este precedente del Consejo de Estado, que no produce efectos retroactivos pero sí proyectados al futuro con carácter institucional, podría obligar al gobierno a emitir un nuevo decreto con mayor transparencia técnica, sin que el tribunal fije el salario mínimo por sí mismo.
Expertos respaldan la demanda por falta de rigor técnico
Figuras como Mirna Wilches, abogada socia de Chapman Wilches, y Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor de la Universidad del Rosario, han destacado la relevancia del caso. Wilches subrayó que la fijación del salario mínimo no es un arbitrio absoluto del presidente de la República, sino que debe considerar estrictamente esas variables económicas. Bernate, por su parte, enfatizó que el Consejo de Estado no solo valida la demandabilidad de estos decretos como actos administrativos, sino que analiza en profundidad las bases económicas en las que se sustentan.
“En beneficio del 90% de colombianos que se van afectados por la medida del día de hoy del gobierno !! No podemos permitir la destrucción de Colombia sin argumento de sensatez”
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda
“la fijación del salario mínimo no responde al arbitrio absoluto del presidente de la República, hay unas variables que se deben tener en cuenta al momento de definirlo”
Mirna Wilches, abogada socia de Chapman Wilches
“El Consejo de Estado no solamente señala que el decreto que fija un salario mínimo es como tal un acto administrativo que puede ser demandado, sino que además hace un análisis y considera que puede entrar incluso a mirar las variables económicas en las que se basó el gobierno para fijar el salario mínimo”
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor de la Universidad del Rosario
Si prospera la demanda, la nulidad sería general hacia el futuro, con posibilidad excepcional de efectos retroactivos solo en situaciones no consolidadas, impactando potencialmente al 90% de los colombianos que perciben ingresos cercanos al mínimo, según Restrepo. Este caso resalta la necesidad de mayor rigor en la concertación del salario mínimo, un proceso que involucra al gobierno, trabajadores y empleadores, y pone en el centro del debate la sostenibilidad económica del país ante incrementos tan significativos como el del 23,7% propuesto para 2026.
