En un año marcado por intensos debates sobre los límites de la libertad de expresión presidencial, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrentó en 2025 múltiples órdenes judiciales de retractación y rectificación por declaraciones realizadas en la red social X contra una amplia gama de figuras públicas, incluyendo empresarios como Enrique Vargas Lleras, Germán Vargas Lleras, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la familia Gloria Lara de Echeverri, directivos de Keralty y Joseba Grajales, propietario de la EPS Sanitas, así como exfuncionarios como Luis Alberto Moreno, expresidente del BID, y Roberto Moreno, presidente de Amarilo, además de jueces, líderes sociales como Hannah Escobar, el fiscal Mario Burgos, la senadora Paloma Valencia y otros. Estas órdenes, emitidas por el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y juzgados administrativos de Bogotá a través de acciones de tutela, respondieron a acusaciones de corrupción, crímenes, nazismo, redes criminales y falsos positivos que, según los fallos, excedieron los límites legales al vulnerar el honor, el buen nombre y la presunción de inocencia sin pruebas judiciales de respaldo. Petro se retractó en varios casos de manera parcial o desafió algunas decisiones, en un contexto donde se mencionaron cifras como un desfalco en el sector salud de 5,5 billones de pesos, una reducción de deuda de las EPS por 707.000 millones y 6.402 jóvenes asesinados en falsos positivos.
Los incidentes se extendieron desde enero hasta diciembre de 2025, comenzando el 2 de enero con acusaciones contra Vargas Lleras por supuestamente beneficiarse de contratos con Nueva EPS, lo que derivó en una orden de retractación el 15 de mayo para Enrique y de rectificación el 12 de junio. En febrero, Petro calificó de «nazi» a Hannah Escobar, generando una orden del Consejo de Estado; el 26 de marzo acusó a la Andi y a Mac Master de promover «odio étnico» y «esclavismo»; el 20 de abril mencionó una «red criminal» contra el progresismo, con retractación el 27 de junio; en junio de 2024, pero con fallo el 19 de junio de 2025, vinculó a un familiar en el crimen de Gloria Lara de 1982; el 25 de julio tildó de «criminales» a directivos de Keralty y Sanitas, orden el 29 de septiembre; en agosto acusó al fiscal Mario Burgos de ser «narcofiscal», retractación el 16 de octubre; el 24 de octubre ligó a Paloma Valencia con falsos positivos, rectificación el 21 de noviembre; y el 14 de diciembre acusó a los hermanos Moreno de corrupción, desafiando la orden.
Retractaciones parciales y reacciones controvertidas
El abogado defensor de Petro, Alejandro Carranza, acompañó varios de estos procesos, mientras que las retractaciones presidenciales fueron consideradas insuficientes en algunos casos, lo que generó incidentes de desacato. Este fenómeno representa un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, con un número inédito de órdenes judiciales contra un presidente en ejercicio, avivando un debate nacional sobre la responsabilidad política y los alcances de la libertad de expresión en redes sociales.
«Aclaro que dicha publicación fue una réplica a otro actor político y no pretendió atribuir responsabilidad penal al señor Vargas Lleras. El mensaje señalaba que los problemas del sistema de salud obedecen, en gran parte, a la gestión de algunas EPS, no a las decisiones sobre la UPC adoptadas por el Ministerio de Salud»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«(…) Estos empresarios son del grupo empresarial antioqueño, compuesto por buenos empresarios, pero también (sic) por gente que defiende a Hitler y el genocidio en Colombia. Por eso la Andi de Bruce Macmaster, dominada por el sindicato, se lanzó, para destruir el gobierno, por literal odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Petro también enfatizó en otras respuestas la necesidad de investigaciones imparciales, como al aclarar sobre amenazas y redes criminales, o cuestionando persistentes interrogantes sobre el fiscal Burgos pese a la presunción de inocencia. Por su parte, Bruce Mac Master valoró parcialmente el cumplimiento de una orden pero señaló omisiones en la retractación completa.
«Valoro la intención del presidente de cumplir la orden del Consejo de Estado respecto de la tutela presentada por la Andi. Sin embargo parece no haber considerado la orden del tribunal de retractarse de lo dicho»
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
«Lo único que me da orden el tribunal es decir que el señor Burgos no está condenado, punto. Por tanto hoy se sunoresunción de inocencia pero sigue vigente mís interrogantes y no obvia que Burgos no haya, de manera muy extraña, investigado al principal sospechoso del asesinato del fiscal Paraguayo Pecci: el señor Marset (sic)»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Este cúmulo de fallos judiciales subraya las tensiones entre el ejercicio del poder ejecutivo y las garantías constitucionales de honra e inocencia, dejando un precedente que podría influir en futuras interacciones políticas en Colombia, donde la pluralidad y la diversidad se erigen como pilares de la democracia.
