Durante el año 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrentó un número sin precedentes de órdenes judiciales emitidas por el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y diversos juzgados administrativos de Bogotá, que le exigieron retractarse públicamente en la red social X por declaraciones consideradas difamatorias contra empresarios, exfuncionarios, jueces, líderes sociales y figuras políticas. Estas acusaciones, realizadas sin pruebas suficientes, vulneraron el honor, el buen nombre y la presunción de inocencia de los afectados, generando un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión presidencial y la responsabilidad política en un contexto democrático.
El fenómeno comenzó el 2 de enero con señalamientos del mandatario contra Enrique y Germán Vargas Lleras por supuestos contratos irregulares en Nueva EPS, relacionados con un desfalco de 5,5 billones de pesos en el sector salud, lo que llevó al Consejo de Estado a ordenar retractaciones el 15 de mayo y el 1 de septiembre. En febrero, Petro calificó de “nazi” a la influencer Hannah Escobar, provocando una orden similar del Consejo de Estado. El 26 de marzo, acusó a la Andi y a su presidente Bruce Mac Master de promover “odio étnico” y defender el “esclavismo”, con retractación dispuesta el 24 de septiembre. Otros casos incluyeron el 20 de abril una mención a una “red criminal” contra el progresismo, retractada el 27 de junio; en junio de 2024, pero con fallo en junio de 2025, alusiones a familiares en el crimen de Gloria Lara de Echeverri en 1982, con orden el 19 de junio; el 25 de julio contra directivos de Keralty y Joseba Grajales, tildados de “criminales” y “mafias” en medio de una disminución de deuda de EPS por 707.000 millones de pesos según el presidente, retractación el 29 de septiembre; en agosto contra el fiscal Mario Burgos como “narcofiscal”, ordenada el 16 de octubre por el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá; el 24 de octubre vinculando a la senadora Paloma Valencia con “falsos positivos”, emitida el 21 de noviembre por el Juzgado 46; y el 14 de diciembre acusaciones de corrupción a Luis Alberto Moreno, ex presidente del BID, y Roberto Moreno de Amarilo, por el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá.
Retractaciones controvertidas y acusaciones de desacato
Estas órdenes surgieron de acciones de tutela presentadas por los afectados, culminando en fallos que obligaban a Petro a rectificar en la misma plataforma X donde se originaron las publicaciones. Sin embargo, varias retractaciones fueron consideradas parciales o insuficientes por los jueces, lo que derivó en incidentes de desacato y un escrutinio inédito en la historia colombiana sobre la conducta de un jefe de Estado en redes sociales.
«Aclaro que dicha publicación fue una réplica a otro actor político y no pretendió atribuir responsabilidad penal al señor Vargas Lleras. El mensaje señalaba que los problemas del sistema de salud obedecen, en gran parte, a la gestión de algunas EPS, no a las decisiones sobre la UPC adoptadas por el Ministerio de Salud»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«(…) Estos empresarios son del grupo empresarial antioqueño, compuesto por buenos empresarios, pero también (sic) por gente que defiende a Hitler y el genocidio en Colombia. Por eso la Andi de Bruce Macmaster, dominada por el sindicato, se lanzó, para destruir el gobierno, por literal odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
En respuesta a algunos fallos, el presidente defendió su postura enfatizando el pluralismo y la necesidad de investigaciones imparciales, aunque mantuvo interrogantes sobre ciertos personajes.
«Considere de suma importancia que las autoridades competentes investigarán el hecho, no solo por ser simpatizantes o afines a mis ideas, lo hice porque nadie debe ser amenazado por pensar distinto, en la diferencia está el pluralismo, en la diversidad reside y vive la democracia. No conozco decisión penal en contra del accionante donde se le haya condenado por pertenecer a una red criminal»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Lo único que me da orden el tribunal es decir que el señor Burgos no está condenado, punto. Por tanto hoy se sunoresunción de inocencia pero sigue vigente mís interrogantes y no obvia que Burgos no haya, de manera muy extraña, investigado al principal sospechoso del asesinato del fiscal Paraguayo Pecci: el señor Marset (sic)»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Este año de tensiones judiciales resalta un choque entre el ejercicio de la libertad de expresión del Ejecutivo y la protección de derechos fundamentales, dejando un precedente que podría influir en el discurso público de futuros gobiernos y en la interpretación de la responsabilidad de los líderes políticos en la era digital.
