En un año marcado por tensiones judiciales sin precedentes en la historia de Colombia, el presidente Gustavo Petro enfrentó en 2025 múltiples órdenes de retractación y rectificación emitidas por el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y diversos juzgados administrativos de Bogotá, derivadas de acusaciones públicas realizadas en la red social X contra figuras como Enrique Vargas Lleras, Germán Vargas Lleras, Hannah Escobar, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la familia Gloria Lara de Echeverri, Joseba Grajales, propietario del Grupo Keralty y la EPS Sanitas, el fiscal Mario Burgos, la senadora Paloma Valencia, Luis Alberto Moreno, ex presidente del BID, y Roberto Moreno, presidente de Amarilo. Estas imputaciones, que incluyeron señalamientos de corrupción, vínculos con el crimen organizado, nazismo y redes criminales, se originaron en publicaciones sin pruebas ni respaldo judicial, excediendo los límites de la libertad de expresión según los fallos judiciales.
Los episodios se extendieron desde enero hasta diciembre de 2025, con casos emblemáticos como la acusación contra los Vargas Lleras el 2 de enero por presuntos problemas en Nueva EPS, que derivó en una orden de retractación el 15 de mayo y una insistencia presidencial en octubre; el señalamiento a la Andi y Bruce Mac Master el 26 de marzo por supuestos lazos con el odio étnico y defensa del esclavismo, con retractación ordenada el 24 de septiembre; afirmaciones sobre redes criminales el 20 de abril, rectificadas el 27 de junio; imputaciones a la familia Gloria Lara en junio de 2024 con orden el 19 de junio de 2025; acusaciones contra Keralty y Sanitas el 25 de julio, falladas el 29 de septiembre; señalamientos al fiscal Burgos en agosto, con orden el 16 de octubre; contra Paloma Valencia el 24 de octubre, rectificada el 21 de noviembre; y un desafío final con la orden del 14 de diciembre contra Roberto Moreno. Estas acciones de tutela se basaron en la vulneración del derecho al honor y la presunción de inocencia, generando retractaciones parciales del mandatario que a su vez provocaron incidentes de desacato.
Cifras y contexto del conflicto en el sector salud
El trasfondo de muchas acusaciones giró en torno al sector salud, donde Petro ha mencionado un desfalco de 5,5 billones de pesos y una reducción de la deuda de las EPS en 707.000 millones, además de referencias a 6.402 falsos positivos con jóvenes víctimas. Este fenómeno representa un número inédito de órdenes judiciales contra un presidente en ejercicio, con Petro amparándose en el derecho a opiniones políticas y defendido por su abogado Alejandro Carranza, mientras se desata un debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión frente a la responsabilidad política del mandatario, impactando su reputación.
«Aclaro que dicha publicación fue una réplica a otro actor político y no pretendió atribuir responsabilidad penal al señor Vargas Lleras. El mensaje señalaba que los problemas del sistema de salud obedecen, en gran parte, a la gestión de algunas EPS, no a las decisiones sobre la UPC adoptadas por el Ministerio de Salud»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«(…) Estos empresarios son del grupo empresarial antioqueño, compuesto por buenos empresarios, pero también (sic) por gente que defiende a Hitler y el genocidio en Colombia. Por eso la Andi de Bruce Macmaster, dominada por el sindicato, se lanzó, para destruir el gobierno, por literal odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Las reacciones no se hicieron esperar, con Bruce Mac Master valorando parcialmente la intención de cumplimiento pero cuestionando la omisión de retractaciones completas, mientras el presidente insistía en interrogantes pendientes, como en el caso de Burgos y el asesinato del fiscal paraguayo Pecci ligado al señor Marset.
«Valoro la intención del presidente de cumplir la orden del Consejo de Estado respecto de la tutela presentada por la Andi. Sin embargo parece no haber considerado la orden del tribunal de retractarse de lo dicho»
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
«Considere de suma importancia que las autoridades competentes investigarán el hecho, no solo por ser simpatizantes o afines a mis ideas, lo hice porque nadie debe ser amenazado por pensar distinto, en la diferencia está el pluralismo, en la diversidad reside y vive la democracia. No conozco decisión penal en contra del accionante donde se le haya condenado por pertenecer a una red criminal»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Lo único que me da orden el tribunal es decir que el señor Burgos no está condenado, punto. Por tanto hoy se sunoresunción de inocencia pero sigue vigente mís interrogantes y no obvia que Burgos no haya, de manera muy extraña, investigado al principal sospechoso del asesinato del fiscal Paraguayo Pecci: el señor Marset (sic)»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Este cúmulo de fallos judiciales subraya un capítulo único en la democracia colombiana, donde el ejercicio presidencial choca con la protección de derechos individuales, dejando en vilo el equilibrio entre crítica política legítima y difamación, con posibles repercusiones en la gobernabilidad y el pluralismo democrático del país.
