En un año marcado por intensas controversias, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrentó en 2025 un número inédito de órdenes judiciales que lo obligaron a retractarse de declaraciones públicas realizadas en la red social X, dirigidas contra empresarios como Enrique y Germán Vargas Lleras, Hannah Escobar, Bruce Mac Master presidente de la Andi, la familia Gloria Lara de Echeverri, Joseba Grajales propietario de Keralty y EPS Sanitas, así como figuras como el fiscal Mario Burgos, la senadora Paloma Valencia, el expresidente del BID Luis Alberto Moreno y Roberto Moreno presidente de Amarilo. Estas órdenes, emitidas por tribunales como el Consejo de Estado Sección Tercera, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y juzgados administrativos de Bogotá números 54, 46 y 35, respondieron a acciones de tutela por vulneración al honor, buen nombre y presunción de inocencia, derivadas de acusaciones de corrupción, crimen organizado, nazismo, redes criminales y falsos positivos que, según los fallos, excedieron los límites de la libertad de expresión y el discurso político.
Los casos se extendieron desde el 2 de enero hasta el 14 de diciembre de 2025, con fallos clave como los del 11 de abril, 15 de mayo, 19 de junio, 1 de septiembre, 29 de septiembre, 16 de octubre, 24 de octubre y 14 de diciembre. Petro optó por publicar retractaciones parciales en X, lo que en algunos instances generó incidentes de desacato. Entre las cifras destacadas figuran el desfalco de 5,5 billones de pesos en el sector salud mencionado en el caso de los Vargas Lleras, la reducción de deuda de las EPS a 707.000 millones de pesos referida a Sanitas por el propio presidente, y los 6.402 jóvenes víctimas de falsos positivos invocados en la acusación contra Paloma Valencia.
Casos emblemáticos y retractaciones controvertidas
En el caso de Enrique Vargas Lleras, el fallo del 15 de mayo y la rectificación presidencial del 12 de junio abordaron acusaciones sobre la gestión de EPS; para Germán Vargas Lleras fue el 1 de septiembre. El mensaje contra Bruce Mac Master del 19 y 26 de marzo, que vinculaba a la Andi con defensa de Hitler, genocidio, odio étnico, esclavismo y ataques a la dignidad de los trabajadores, culminó en retractación el 24 de septiembre. La familia Gloria Lara de Echeverri obtuvo fallo el 19 de junio por un mensaje de junio de 2024 resuelto el 9 de abril de 2025; Keralty y Sanitas, tras publicación del 25 de julio, el 29 de septiembre; Paloma Valencia el 24 de octubre con rectificación el 21 de noviembre; y Luis Alberto Moreno el 14 de diciembre, donde Petro desafió la orden.
«Aclaro que dicha publicación fue una réplica a otro actor político y no pretendió atribuir responsabilidad penal al señor Vargas Lleras. El mensaje señalaba que los problemas del sistema de salud obedecen, en gran parte, a la gestión de algunas EPS, no a las decisiones sobre la UPC adoptadas por el Ministerio de Salud»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El abogado Alejandro Carranza ha defendido las expresiones de Petro amparadas en el derecho a opiniones políticas, mientras el Consejo de Estado actuó como primera instancia en múltiples procesos. En el caso del fiscal Mario Burgos, Petro acató parcialmente la orden del 16 de octubre enfatizando la presunción de inocencia pero manteniendo interrogantes sobre investigaciones pendientes, como la del asesinato del fiscal paraguayo Pecci y el sospechoso Marset.
«(…) Estos empresarios son del grupo empresarial antioqueño, compuesto por buenos empresarios, pero también (sic) por gente que defiende a Hitler y el genocidio en Colombia. Por eso la Andi de Bruce Macmaster, dominada por el sindicato, se lanzó, para destruir el gobierno, por literal odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Considere de suma importancia que las autoridades competentes investigarán el hecho, no solo por ser simpatizantes o afines a mis ideas, lo hice porque nadie debe ser amenazado por pensar distinto, en la diferencia está el pluralismo, en la diversidad reside y vive la democracia. No conozco decisión penal en contra del accionante donde se le haya condenado por pertenecer a una red criminal»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Estas retractaciones parciales han generado tensiones, con Petro insistiendo en la vigencia de sus dudas en casos como el de Burgos: «Lo único que me da orden el tribunal es decir que el señor Burgos no está condenado, punto. Por tanto hoy se sunoresunción de inocencia pero sigue vigente mís interrogantes y no obvia que Burgos no haya, de manera muy extraña, investigado al principal sospechoso del asesinato del fiscal Paraguayo Pecci: el señor Marset (sic)». Respecto a Paloma Valencia, la acusación fue directa: «Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente». Este cúmulo de fallos representa un precedente histórico en Colombia, equilibrando la libertad presidencial de expresión con la protección al buen nombre de ciudadanos y líderes.
«Lo único que me da orden el tribunal es decir que el señor Burgos no está condenado, punto. Por tanto hoy se sunoresunción de inocencia pero sigue vigente mís interrogantes y no obvia que Burgos no haya, de manera muy extraña, investigado al principal sospechoso del asesinato del fiscal Paraguayo Pecci: el señor Marset (sic)»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
