Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque, arremetió en la plataforma X contra el presidente Gustavo Petro Urrego tras una publicación en la que este último reconoció su ingenuidad como principal defecto personal, pero defendió su fe en el pueblo como un acierto. Ruiz calificó esa autodescripción no como ingenuidad, sino como irresponsabilidad, especialmente en el contexto del reciente aumento del salario mínimo en un 23,7 por ciento, al que acusó de carecer de respaldo económico y de poner en riesgo a las pequeñas empresas y subestimar la inteligencia de los colombianos. Esta confrontación se intensificó con acciones legales impulsadas por Ruiz el 29 de diciembre de 2025, al presentar un derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y una acción disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, dirigidas contra el comité promotor de la Asamblea Constituyente.
En su publicación original, el presidente Petro escribió que uno de sus principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás, pero insistió en que creer en el pueblo no es un error, sino un acierto siempre. Ruiz respondió de inmediato vinculando esa declaración a decisiones económicas controvertidas como el incremento salarial, y extendió su crítica al rechazo del populismo, tanto del mandatario como del que pretende continuar el senador Iván Cepeda. Además, enfatizó que la Constitución no es un juego ni los ciudadanos pueden ser objeto de engaños con anuncios sin fundamento jurídico, en alusión a la iniciativa de la Asamblea Constituyente.
«No, presidente @petrogustavo. No es ingenuidad, es irresponsabilidad. Subir salarios sin respaldo económico no es ‘creer en el pueblo’: es poner en riesgo a las pequeñas empresas y subestimar la inteligencia de los colombianos».
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia
Acciones judiciales para verificar la legalidad
Ruiz solicitó a la Registraduría la documentación completa de la inscripción del comité promotor de la Asamblea Constituyente, incluyendo el mecanismo de participación ciudadana, los formularios de recolección de firmas, los topes de financiación permitidos y las medidas para garantizar la neutralidad del Estado. Paralelamente, pidió a la Procuraduría un examen detallado de posibles anomalías, como la participación de funcionarios públicos o el uso indebido de fondos estatales en la promoción de esta iniciativa. Estas peticiones buscan verificar la legitimidad del proceso y frenar cualquier irregularidad en un contexto de crecientes tensiones políticas.
«El país no aceptará más populismo, ni el suyo ni el que pretende continuar @IvanCepedaCast. La Constitución no es un juego ni los ciudadanos pueden ser objeto de engaños con anuncios sin fundamento jurídico».
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia
La polémica también atrajo intervenciones de otros actores políticos, como el concejal de Bogotá Papo Amín, quien comparó el aumento salarial con las políticas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, alertando sobre una inminente crisis laboral y económica por culpa del mandatario, motivada por un puñado de votos de colombianos incautos. Este intercambio en redes sociales refleja las profundas divisiones en torno a las políticas económicas y constitucionales del gobierno Petro, en un momento en que iniciativas como la Asamblea Constituyente generan desconfianza y llamados a la transparencia institucional.
