El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió el reciente aumento del IVA sobre licores del 5% al 19%, implementado mediante una declaratoria de emergencia económica tras el hundimiento de la última reforma tributaria en el Congreso, en respuesta a las críticas de la reconocida chef colombiana Leonor Espinosa, quien alertó sobre el impacto negativo en el sector gastronómico, bares, restaurantes y hoteles. El intercambio público se desarrolló en las cuentas de X (antes Twitter), donde Petro argumentó que la medida busca reducir el consumo de alcohol, la droga que más muertes y daños genera en los sistemas de salud del país, mientras Espinosa y otros críticos, como el excandidato al Concejo de Medellín por el Centro Democrático Camilo Salazar Restrepo, advirtieron sobre perjuicios a la economía cotidiana, la rotación de negocios y miles de empleos en un sector marcado por alta informalidad y márgenes frágiles.
La medida, que afecta directamente los costos de aguardiente, ron y whisky, surge en un contexto de tensiones políticas, con la oposición cuestionando la falta de fundamentos para la declaratoria de emergencia económica. Petro enfatizó que el ingreso ahorrado por consumir menos alcohol no va al Estado, sino a un mejor vivir de las familias, y cuestionó cómo se podía oponer a castigar el alcohol cuando es la principal causa de daños presupuestales en salud. Espinosa, desde su cuenta @Leoescocina, detalló las disparidades en el sector: no es lo mismo pagar un arriendo de 40 millones que uno de un millón, ni invertir en vajilla y cristalería por 50 millones que por dos millones, considerando además el aumento del salario mínimo del 23% para 2026, los costos de salud y pensiones que agravan la precariedad.
Debate en redes entre salud pública y economía sectorial
Leonor Espinosa, una de las voces más influyentes en la gastronomía colombiana, expresó su preocupación al afirmar que esta medida no castiga el lujo ni a los grandes capitales, sino a la economía cotidiana del sector, reduce la rotación y pone en riesgo empleos, profundizando la precariedad en un país con alta informalidad en lugar de corregir desigualdades sin una política pública integral.
“Esta medida no castiga el lujo ni a los grandes capitales; castiga a la economía cotidiana del sector, reduce la rotación y pone en riesgo empleos. En un país con alta informalidad y márgenes frágiles, gravar el consumo sin una política pública integral no corrige desigualdades, sino que profundiza la precariedad”
Leonor Espinosa, chef colombiana
En respuesta, el presidente Petro, desde su cuenta @petrogustavo, replicó directamente: cómo así que no hay que castigar el alcohol cuando más se tiene alcohol en la mercancía, no sabe que es la droga que más produce muerte y daños en los sistemas presupuestales de salud. Además, agregó que el ingreso que sobra en consumir menos alcohol no va al Estado, sino a un mejor vivir de la familia.
“Cómo así que no hay que castigar alcohol cuando más se tiene alcohol en la mercancía, ¿no sabe que es la droga que más produce muerte y daños en los sistemas presupuestales de salud?”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“El ingreso que sobra en consumir menos alcohol no va al estado, sino a un mejor vivir de la familia”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Camilo Salazar Restrepo se sumó al debate recordando cuánto daño le ha hecho el alcohol y las drogas al país, especialmente cuando el consumidor es quien lo dirige, mientras Espinosa profundizó en las variaciones por tipo de negocio, desde arriendos e inversiones hasta salarios mínimos versus superiores.
“Cuánto daño le ha hecho el alcohol y las drogas al país, especialmente cuando el consumidor es quien lo dirige”
Camilo Salazar Restrepo, excandidato al Concejo de Medellín
“No es lo mismo pagar un arriendo de 40 millones que uno de 1 millón. No es lo mismo invertir en vajilla y cristalería por 50 millones que hacerlo por 2 millones”
Leonor Espinosa, chef
Este enfrentamiento en redes sociales ha generado un amplio debate entre el gobierno, la industria gastronómica y la oposición, destacando las tensiones entre prioridades de salud pública y la sostenibilidad económica de sectores vulnerables en Colombia.
