Un estudio liderado por la Universidad del Rosario revela que los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, implementados entre 2022 y 2024, junto con el etiquetado frontal de advertencia introducido en noviembre de 2023, no generaron impactos negativos en el empleo ni en las empresas colombianas, desmintiendo las advertencias de gremios como la ANDI y Fenalco. El análisis, realizado por el economista Paul Rodríguez, la investigadora Mayra Saenz de la Universidad del Rosario, y los investigadores Luis Fernando Gómez y Mercedes Mora de la Universidad Javeriana, evaluó el mercado laboral nacional utilizando metodologías avanzadas como comparaciones antes y después, contrastes entre sectores y modelos de control sintético con datos de la fuerza laboral del país.
Estas políticas de salud alimentaria, basadas en evidencia internacional y consensos entre academia, sociedad civil y el Ministerio de Salud, buscaban contrarrestar las previsiones de los gremios sobre caídas en ventas, despidos masivos, reducciones salariales, aumentos en la informalidad y cierres empresariales en manufactura, comercio y distribución, especialmente afectando hogares de bajos ingresos. Sin embargo, el estudio, publicado a inicios de diciembre de 2025 en la revista de la Universidad del Rosario y en revisión en otras publicaciones académicas, con respaldo del Global Food Research Program de la Universidad de Carolina del Norte, no encontró cambios sistemáticos en empleo, ingresos ni informalidad, describiéndolos como pequeños y estadísticamente indistinguibles de cero.
Cifras que muestran estabilidad y ajustes mínimos
Entre las cifras destacadas, el sector de bebidas registró un aumento promedio de cerca de una hora más por semana en las horas trabajadas, con ajustes más visibles en mujeres, trabajadores rurales y ocupaciones administrativas. No se observaron despidos masivos ni incrementos en la informalidad, y las empresas afectadas han compensado produciendo sustitutos como bebidas sin azúcar o agua embotellada, permitiendo una coexistencia entre salud pública y estabilidad económica.
«Las políticas de salud alimentaria pueden coexistir con la estabilidad laboral y empresarial, permitiendo avanzar hacia un consumo más saludable sin perjudicar a la industria».
Paul Rodríguez, economista de la Universidad del Rosario
En palabras del propio Paul Rodríguez, «es posible avanzar hacia un consumo más saludable sin poner en riesgo la estabilidad empresarial». Este hallazgo refuerza la viabilidad de medidas regulatorias para promover hábitos alimenticios más sanos en Colombia, demostrando que los temores expresados por los gremios no se materializaron en el período analizado.
