TransMilenio anunció un aumento de 350 pesos en la tarifa del pasaje, que pasará a costar 3.550 pesos a partir de 2026, con el fin de cubrir los mayores costos operativos derivados del incremento del 23 por ciento en el salario mínimo decretado por el Gobierno nacional. Esta decisión, revelada por Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general en ejercicio de la entidad, ha generado fuertes críticas políticas, especialmente de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, quien la califica de irracional y favorable al empresariado en detrimento del bienestar social. El ajuste se aplica en Bogotá, donde el sistema moviliza más de cuatro millones de viajes diarios en días hábiles, y surge de nuevas modelaciones técnicas ajustadas a la proyección inicial de un alza del 11 por ciento en el salario mínimo.
Inicialmente, los estudios técnicos de TransMilenio habían estimado un incremento de solo 250 pesos en la tarifa, pero el anuncio gubernamental de un 23 por ciento obligó a recalcular y agregar 100 pesos adicionales para garantizar la operación ininterrumpida y la sostenibilidad del sistema. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro también han intervenido en el debate, con el mandatario cuestionando la medida por su impacto en la demanda y el déficit financiero, mientras ofrece recursos adicionales para una flota eléctrica.
Crítica de María Fernanda Carrascal al alza de la tarifa
Las reacciones políticas no se hicieron esperar ante este anuncio, que busca contrarrestar el impacto del salario mínimo en los costos laborales del sistema troncal de buses. Gutiérrez explicó que las proyecciones iniciales cambiaron drásticamente con la decisión del Gobierno nacional, lo que derivó en el ajuste total de 350 pesos. Por su parte, Carrascal denunció que la lógica detrás del aumento beneficia a un modelo de negocio basado en el rentismo y la opacidad, sin generar beneficios sociales tangibles para la ciudadanía bogotana.
«Inicialmente, habíamos proyectado un incremento del salario mínimo del 11%. Eso nos arrojaba, con estudios técnicos soportados, que la tarifa debía subir $250. Sin embargo, con el anuncio del Gobierno nacional, mediante el cual decretó un aumento del salario mínimo en un 23%, tuvimos que hacer nuevas modelaciones, que nos arrojaron un aumento adicional de $100»
Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general (e) de TransMilenio
«Esto es irracional desde el punto de vista de una política pública pensada para el bienestar social, pero no lo es desde la lógica de @CarlosFGalan que no gobierna para la ciudadanía sino para los dueños de un negocio basado en el rentismo y la opacidad, que no redunda en ningún beneficio social tangible»
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara (Pacto Histórico)
El presidente Petro advirtió que elevar las tarifas solo reduciría la demanda de usuarios y agravaría el déficit de las troncales, proponiendo en cambio no implementarlo si se materializan mayores aportes nacionales. Galán respondió directamente al mandatario, recordando que el Gobierno se ha comprometido hasta ahora con 938 mil millones de pesos, pero que si se concretan los 1,5 billones mencionados —lo que implica 562 mil millones adicionales— este año, el Distrito renunciaría al alza tarifaria. Entre las preocupaciones destacan el posible aumento de colados y la caída en la demanda, aunque se mantienen los subsidios distritales para adultos mayores, personas en discapacidad y estratos Sisben A y B, sin modificaciones en el abono mensual de Transmi Paz.
«Pero si la decisión es subir el pasaje, que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces»
Gustavo Petro, presidente
«Presidente, hasta ahora el Gobierno nacional se ha comprometido a aportar 938 mil millones. Usted habla de 1.5 billones, lo que significa 562 mil millones adicionales. Si esa plata entra este año al Distrito, cuente que con que no subiremos la tarifa de Transmilenio»
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Este controversia pone en el centro del debate público la sostenibilidad de TransMilenio frente a las políticas salariales nacionales, con Petro sugiriendo alternativas como la electrificación de la flota para mitigar los costos a largo plazo, mientras la ciudadanía espera definiciones que equilibren accesibilidad y viabilidad operativa en la capital.
