Colombia ha registrado 31.188 delitos sexuales hasta el 30 de noviembre de 2025, lo que equivale a casi cuatro casos por hora, según datos del Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo. Esta cifra representa un incremento del 4 por ciento en comparación con los 30.082 casos reportados en 2024, en medio de una alerta emitida por la Defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre el repunte de la violencia sexual, la alta impunidad judicial y las restricciones presupuestales que amenazan la atención a las víctimas.
De los 106.087 procesos judiciales por delitos sexuales abiertos entre 2024 y 2025, el 87,3 por ciento se encuentran en etapa de indagación, apenas el 6 por ciento ha llegado a juicio y solo el 0,7 por ciento está en ejecución de penas. En el caso de la violencia intrafamiliar, los 319.927 procesos muestran una impunidad aún mayor, con el 91,8 por ciento en indagación y solo el 0,8 por ciento culminando en condenas. Las regiones más afectadas en 2025 incluyen Guaviare con una tasa de 128,01 casos por cada 100.000 mujeres, Boyacá con 124,28, Guainía con 118,75 y Vaupés con 118,31, aunque el total regional bajó de 16.947 a 12.873 casos respecto al año anterior. Además, se reportaron 26 transfeminicidios, frente a 20 en 2024; 111 feminicidios, menos que los 171 previos; y 297 tentativas, comparado con 391.
Impunidad estructural y riesgo para las víctimas
Iris Marín, Defensora del Pueblo, enfatizó que las mayores afectadas son niñas, adolescentes, mujeres y menores de edad, con un impacto desproporcionado por razones de género, y advirtió que mientras persista la impunidad, se genera un aval implícito para estos crímenes. En zonas como Catatumbo, en Norte de Santander, y áreas de desplazamiento forzado, se observa un aumento en la explotación sexual vinculada a grupos armados, agravado por la ausencia de casas de refugio en gran parte del territorio nacional. Marín subrayó que es fundamental que todos los departamentos cuenten con mecanismos de protección, ya que muchas mujeres permanecen en riesgo sin acceso a ellos, y lamentó que los instrumentos institucionales no han revertido la tendencia estructural de la violencia.
“Las mayores afectadas son niñas y adolescentes, mujeres y menores de edad, hombres también. Sigue siendo un delito que afecta especialmente por razones de género y además dirigido contra las niñas (…) mientras estos casos sigan quedando en la impunidad, habrá cierto aval para que esto ocurra”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
Recientemente se han registrado capturas emblemáticas, como la de José Gumercindo Morales Flórez, de 55 años, por abuso a su nieta en el Bajo Cauca; un hombre en Medellín por abusar de su hijastra de 13 años; un músico de 32 años por agredir a su hija de 7 años en la misma ciudad; y alias Moneda, de 32 años, con 26 registros judiciales y cinco condenas previas. Trágicamente, Yolanda falleció en Cartagena tras ser agredida por su expareja, en un caso que ilustra la letalidad de la violencia de género.
“Es fundamental que todos los departamentos tengan algún tipo de mecanismo, porque muchas mujeres están en riesgo y aun así no lo tienen”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
La situación se complica con el riesgo de suspensión de la atención a víctimas debido a retrasos en pagos a más de 5.000 contratistas, lo que podría paralizarse si no se giran recursos en enero. Esta alta impunidad y falta de instrumentos agravan la violencia de género e intrafamiliar, demandando acciones urgentes para romper el ciclo de vulnerabilidad en Colombia.
“los instrumentos institucionales no han logrado revertir la tendencia estructural de la violencia”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
