El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó directamente a las empresas constructoras de estafa al vincular el aumento del salario mínimo para 2026, que alcanza el 23 por ciento, con el alza en los precios de las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), prometiendo regulaciones estrictas y solicitando una investigación inmediata por parte de la Superintendencia. Esta confrontación surge en medio de alertas de los gremios del sector, como Fedelonjas y Camacol, que advierten sobre riesgos en el acceso a la vivienda social para hogares de menores ingresos, mientras el gobierno anuncia un decreto de desindexación de estos precios del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). El aumento aplica desde 2026 y afecta viviendas licenciadas hasta octubre de 2025, que representan el 50 por ciento del total, en un contexto donde los topes para VIP llegan a 90 SMMLV, equivalentes a 157 millones 581 mil 450 pesos, VIS generales hasta 135 SMMLV o 236 millones 372 mil 175 pesos, y en ciudades principales hasta 150 SMMLV o 262 millones 635 mil 750 pesos.
La indexación de precios VIS y VIP al SMMLV, establecida por el Decreto 949 de 2022, eleva automáticamente los valores por mandato normativo debido al impacto en costos de mano de obra, que representa el 25 por ciento de los costos directos de construcción, e insumos, generando un incremento estimado del 4 por ciento en costos totales y hasta del 10 por ciento en precios de vivienda. Familias que escrituren desde 2026 pagarán estos ajustes aunque sus compras iniciaron antes, lo que ha desatado críticas por especulación, en un país donde el salario mínimo para el próximo año fue incrementado por decreto unilateral del gobierno, rompiendo con la tradición de concertación social, según denuncian los gremios.
Reacciones de los gremios constructoros
Fedelonjas, liderada por Mario Ramírez, califica el aumento como carente de base técnica sólida y sin concertación, advirtiendo riesgos en el empleo formal, la inflación y el acceso a vivienda para estratos bajos. Por su parte, Camacol, con Guillermo Herrera a la cabeza, destaca que el incremento salarial eleva directamente los costos por el mayor valor de la mano de obra y efectos indirectos en insumos, transporte y servicios.
«un ajuste de esta magnitud, sin una base técnica sólida y sin concertación, termina afectando a quienes busca proteger: los hogares de menores ingresos»
Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas
«el incremento del salario mínimo eleva de forma directa los costos de construcción, tanto por el mayor valor de la mano de obra —que representa cerca del 25% de los costos directos— como por sus efectos indirectos sobre insumos, transporte y servicios asociados»
Guillermo Herrera, presidente de Camacol
Respuesta del Gobierno y acusaciones presidenciales
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la expedición de un decreto para desindexar los precios de VIS y VIP del SMMLV y evitar así la especulación, medida que responde a las denuncias del presidente Petro, quien tildó de «estafa delictiva» la práctica de las constructoras de ajustar precios al porcentaje del salario. Expertos como la abogada Gloria Osorio, especialista en contratación estatal, explican que esta indexación legal provoca el alza automática en pesos de la vivienda, independientemente de decisiones empresariales. Reacciones adicionales incluyen llamados a la claridad de Mónica Higuera, exdirectora de la URF, y un «despertar» exigido por el concejal Humberto Amín.
«Solicito a las empresas constructoras dejar de decirle a sus clientes que los precios de la vivienda se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital, esa es una estafa delictiva»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que hoy están atadas al incremento del salario mínimo»
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
«Eso significa que al subir el salario mínimo, el valor en pesos de la vivienda sube automáticamente por mandato normativo, no por decisión de los constructores»
Gloria Osorio, abogada especialista en contratación estatal
Este pulso entre gobierno y sector constructoras pone en jaque el acceso a vivienda digna en Colombia, con el decreto de desindexación como posible solución para estabilizar precios y proteger a los compradores de ingresos medios y bajos, aunque los gremios insisten en la necesidad de concertación para evitar impactos negativos en empleo e inflación.
