El Gobierno nacional de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro y con el ministro de Trabajo Antonio Sanguino a la cabeza, decretó un aumento del 23 por ciento al salario mínimo para el año 2026, elevándolo a dos millones de pesos por trabajador y rebautizándolo como salario vital. Esta medida busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y potenciar el consumo interno en un país donde la población ocupada supera los 24 millones de personas, beneficiando directamente a 2,4 millones de quienes perciben el mínimo.
El incremento representa un ajuste real del 18 por ciento, cuatro veces superior a la inflación proyectada, y se enmarca en un contexto de debate polarizado tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral en julio de 2025, que impone nuevas exigencias regulatorias. Aunque el Gobierno destaca su impacto marginal en los precios finales de los productos, estimado en apenas un 0,6 por ciento, el anuncio genera preocupaciones en el sector empresarial, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas que conforman más del 90 por ciento del tejido productivo del país. Además, la medida afectará proporcionalmente a empleados con sueldos superiores al mínimo, al tiempo que promete aumentar la circulación de dinero, dinamizar ventas y facilitar el acceso al crédito.
Voces del Gobierno y el sector privado
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, celebró la decisión como un hito histórico en la política salarial del país, subrayando su bajo efecto en la estructura de costos empresariales. Por su parte, María Elena Ospina, presidenta ejecutiva de Acopi, reconoció el carácter impresionante del ajuste, pero alertó sobre la reestructuración de costos que implicará para las mipymes, en medio de riesgos para el empleo formal y la informalidad. Ante estas inquietudes, el Gobierno prepara medidas complementarias en vivienda y control de precios para mitigar posibles impactos.
“Estamos inaugurando una nueva era en la discusión del salario mínimo en Colombia”
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
“El factor salarial es solo un punto de producción, que podría tener un impacto en los precios finales de los productos del 0,6%. Es marginal”
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
“Estamos hablando de un incremento impresionante, ya que es cuatro veces la inflación. El aumento real es del 18%, lo que implica una reestructuración de costos para las empresas”
María Elena Ospina, presidenta ejecutiva de Acopi
Este decreto marca un paso audaz en la agenda laboral del Gobierno Petro, equilibrando aspiraciones de equidad social con los desafíos de una economía dominada por las mipymes, mientras sindicatos y empresarios ultiman posiciones ante un panorama de mayor regulación y mayor circulante en la economía colombiana.
